La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya, anunció que presentará una propuesta a fin de exentar de pago de IVA a implementos, equipos, dispositivos y tecnologías utilizadas por personas con discapacidad, con el propósito de tener la movilidad necesaria para desarrollar sus actividades diarias.
La legisladora señaló que toda herramienta que permita a personas con algún tipo de discapacidad suplir la falta de algún miembro del cuerpo, moverse con o sin apoyo de terceros y en suma, disminuir el grado de discapacidad, debe estar libre de impuestos y tener un precio accesible para los usuarios.
Agregó que en México, se calcula que el 44 por ciento de las personas adultas con alguna discapacidad, apenas perciben tres mil 500 pesos de sueldo al mes, lo que les impide solventar sus necesidades básicas, incluyendo gastos médicos.
Indicó que al reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se deberá establecer que los aparatos, implementos de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, quedarán libres del pago de IVA y su precio deberá ser accesible.
Anaya Mota expuso que el objetivo es apoyar la economía de las personas con discapacidad y sus familias, así como facilitar el acceso a objetos y mecanismos complementarios a la movilidad.
Recordó que en el 2003, la Secretaría de Economía (SE) emitió un acuerdo para que los objetos, herramientas y elementos tecnológicos de importación, utilizados por personas con discapacidad, quedaran libres del pago de impuestos al comercio exterior; sin embargo, el usuario final sigue pagando el 16 por ciento de impuestos, aunado a que el costo de dichos implementos es elevado.
La también Secretaria de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, manifestó que los artículos mencionados deben ser catalogados en la ley como de primera necesidad, pues en los hechos lo son.
Aseguró que al aprobar la iniciativa propuesta, las normas en la materia se armonizarían conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto al compromiso de los Estados firmantes, de “facilitar el acceso a las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible”.
Mientras, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, deberá contemplar la obligación de adoptar “acciones afirmativas” para evitar y compensar las desventajas de las personas con discapacidad, a fin de que éstas participen libremente en la vida económica, social, cultural y política del país.