A través el documento “México la Ruta del Progreso” que es un plan de acción para una política industrial flexible y dinámica proyectada de 2012 a 2030, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) reveló 138 acciones específicas.
Las propuestas abarcan temas como competencia y comercio exterior, justicia laboral y seguridad social, política tributaria e incentivos fiscales, capacitación y vinculación con universidades, apoyo a pymes y compras de gobierno, simplificación, normalización, transporte y energía, entre otras. El órgano destacó el apartado de competencia y comercio exterior donde se pide que las instancias competentes garanticen el proceso de pre validación la fiscalización que impida la entrada a mercancías ligadas con piratería y contrabando.
Además de garantizar el resguardo y destrucción de mercancías ilícitas ante actores civiles, organismos empresariales, crear un registro ante el IFAI y tipificar el comercio ilegal como delito del fuero federal.
Respecto a política tributaria e incentivos fiscales, reiteró la conformación de un sistema tributario moderno, eliminación del IETU, la simplificación de pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social en un mismo esquema ante el SAT y; establecer para las empresas un periodo de gracia para pago de contribuciones patronales y tributarias como créditos fiscales.
En cuanto a justicia y seguridad social, se pide promover una mayor flexibilidad en las normas laborales y en los esquemas de contratación, protección y seguridad social que permitan la generación de más empleos, tomando como referentes mejores prácticas internacionales.
También introducir en las leyes correspondientes figuras como la de personal de entrenamiento y de contratación temporal para una capacitación adecuada y suficiente, que esté vinculada con las necesidades directas del aparato productivo.
Sumado a ello, integrar un sistema de subrogación de servicios entre dependencias de seguridad social y servicios privados en casos en que dichas instituciones de seguridad social no tengan capacidad para atender a derechohabientes.
La propuesta fue hecha ente 107 asociaciones, cámaras regionales y nacionales que definieron como los retos a vencer para mejorar los niveles de crecimiento del país y consolidar su posicionamiento internacional.
