La nueva coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, Rosa Icela Rodríguez, tendrá enfrente varios retos, como poner orden y subsanar algunas irregularidades cometidas en los últimos siete años en ese sector, donde faltan por aclarar más de 137 millones de pesos detectados como faltantes en obras realizadas en los puertos de Veracruz, Mazatlán, e Isla del Carmen, Campeche.
Otro de los puntos en los que la exsecretaria del Gobierno capitalino deberá poner atención son las deficiencias en la regulación y supervisión de la infraestructura portuaria, que desde 2015 fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo cual debilita la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Esta situación, destacó en aquel momento la ASF, provoca incertidumbre respecto de si el modelo de las Administraciones Portuarias Integrales (API) ha contribuido a ampliar y modernizar su infraestructura, con el fin de satisfacer las necesidades del sector y detonar el desarrollo económico y social del país.
El dictamen emitido el 20 de enero pasado, estableció una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observaciones, y se emitieron oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control y de las autoridades recaudatorias con motivo de dos irregularidades detectadas.
Las anomalías localizadas son: pagos indebidos en material de tubería; tendido y bandeado de material producto del dragado en el patio adyacente de la terminal; diferencias entre volúmenes de obra estimados y pagados contra los ejecutados, y falta de un dictamen técnico estructural avalado por autoridades competentes.
La Auditoría Superior, en la revisión de la cuenta pública 2017, detectó también anomalías en la aplicación de 37 millones 888 mil 494.27 pesos en la ampliación del puerto de Isla del Carmen, Campeche, según la resolución 330-DE.
Entre las irregularidades se comprobó la autorización del pago de 13 mil 992.56 metros cúbicos de carpeta de concreto asfáltico de 12 centímetros de espesor sin que se acreditara totalmente su ejecución; la supervisión externa no vigiló la adecuada realización de los trabajos y permitió el pago de ese concepto sin que se haya efectuado.
Tampoco se aplicaron las penas convencionales a que se hizo acreedora la empresa de supervisión externa por los atrasos registrados en las obras, y se omitió registrar en la bitácora electrónica del contrato de servicios relacionados con la obra pública los avances y aspectos relevantes, ya que existen periodos sin registros hasta por 586 y 158 días naturales, determinó la Auditoría federal.
En la cuenta pública de 2013, bajo el número DE-091, la ASF determinó la falta de comprobación de 87 millones 823 mil 600 pesos por obras en el Dragado del Canal de Navegación desde la Bocana hasta la Dársena de Ciaboga en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.
En términos generales, la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y normativas en el pago de estimaciones sin documentales que acrediten su procedencia por los más de 87 millones de pesos.
“Se consideraron volúmenes de material que no se encontró físicamente en la obra; hubo omisión normativa por parte del ente fiscalizado, debido a que no notificó en tiempo y forma al Órgano Interno de Control (OIC) de la documentación presuntamente apócrifa presentada por uno de los licitantes que participaron en el proceso”, informó la Auditoría Superior.
Rosa Icela Rodríguez, designada el sábado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá bajo su control del Sistema Portuario Mexicano que se constituye por 117 puertos y terminales; de éstos, 71 están concesionados a 25 API (18 federales, seis estatales y una privada).
La ASF revisó la operación de infraestructura marítimo-portuaria en 2016, principalmente de las API de Altamira, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo, Colima y puerto de Veracruz, ya que son los puertos estratégicos del país que en conjunto manejaron 94.9 por ciento de la carga por contenedores ese año.
En las observaciones se determinó que: “en la planeación nacional y programación sectorial se reconoce que la infraestructura de los puertos es obsoleta e insuficiente para cubrir la demanda actual de servicios portuarios, debido a que no se cuenta con instalaciones para atender buques de gran calado, ni con la capacidad para atender la totalidad de los servicios.
“Lo anterior ha ocasionado que el sistema de transporte portuario se convierta en un cuello de botella para las actividades productivas nacionales; esta situación limita las oportunidades de crecimiento de la competitividad y la diversificación del comercio exterior”, finalizó el dictamen sin que hasta ahora se haya informado si las recomendaciones fueron atendidas.
Fuente:
Comunidad Portuaria-https://www.cportuaria.com.mx/noticias/detalle/5f1faf236daf30720331ee54
