No solo porque actualmente el Gobierno busca cómo aumentar las recaudaciones, también, porque la idea de ocupar un espacio en el Pacífico canalero es tan atractiva que no contar con ese beneficios no será impedimento para que las navieras del mundo se interesen en participar en la licitación internacional para construir el nuevo puerto. Esa es la tesis que defienden agrupaciones como el Movimiento Ascanio Villalaz Paz (MAVIP).
‘Es inadmisible aprobar un anteproyecto de ley para exonerar de impuestos durante 20 o 40 años a una compañía trasnacional’, opinan los miembros de MAVIP.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) justifica la equiparación fiscal al considerar que es la única forma de que no haya competencia desleal. ‘El puerto funcionará bajo las mismas reglas y marco legal que lo hacen los puertos que operan actualmente en el país, tanto en el Atlántico como en el Pacífico’, señala la ACP en su página web.
Para el diputado José Antonio Domínguez, el único diputado de la comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal que votó a favor de la equiparación fiscal el pasado 31 de marzo, el no darle este incentivo a quien se gane la licitación de Corozal, inclusive, violenta la Carta Magna. ‘La Constitución dice que nadie debe tener fueros y privilegios’, resalta el diputado.
Domínguez ha acusado que el rechazo del anteproyecto que abarcaba los temas tributarios del proyecto en Corozal se logró a través de sobornos y manipulación de sectores que se podrían ver afectados con otro puerto en el Pacífico: ‘Hay un movimiento de un puerto— me voy a reservar el nombre— que a través de un grupo de diputados, empezó a promover que esta ley no fuera aprobada’, aseguró el también ingeniero a La Estrella de Panamá.
Para la Alianza Estratégica Nacional, ‘el Estado debe generar una política en relación a la participación del sector privado donde los aspectos fiscales no deben ser las reglas primarias para las inversiones’.