Lo anterior lo explicó el catedrático en Derecho Laboral, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), doctor Francisco Orozco Rubio, al ofrecer un diagnóstico de las perspectivas en materia laboral para el año 2020 en México.
“Esperamos una reforma justa. Quizá no tan radical como la que propone el senador Napoleón Gómez Urrutia, que quiere criminalizar a las empresas. Pero sí un término medio: crear un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, que haya una vigilancia estricta de parte de los contratantes y de las autoridades laborales, y endurecer las sanciones para evitar que las empresas estén abusando o evadiendo responsabilidades patronales”, apuntó.
El Senado de la república pospuso para el próximo año la discusión de la iniciativa del senador Gómez Urrutia, quien busca modificar artículos de la Ley Federal del Trabajo para eliminar esta figura que, según el legislador, actualmente representa una evasión fiscal de 500 mil millones de pesos, y la falta de seguridad social para al menos 8 millones de trabajadores. Además, pide que no haya perdón fiscal para las empresas que evadieron impuestos a la Secretaría de Hacienda y contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La Coparmex y la Concamin indicaron que esa intención ahuyentaría a los inversionistas, pues muchas empresas echan mano de la tercerización o subcontratación, del outsourcing.
Orozco Rubio recordó que en la Ley Federal del Trabajo se incluye la figura de subcontratación laboral desde diciembre de 2012. Se especifican puntos como la contratación por escrito, y el candado para no contratar actividades iguales, similares o parecidas a las del objeto de la empresa, sino que deben de ser para labores diferentes y de preferencia con carácter de especialización.
“El contratante debe vigilar que el contratista tenga toda la documentación legal en regla y darle seguridad social a sus trabajadores; está prohibida la subcontratación en el caso que la empresa contratante transmite los trabajadores a la empresa contratista, eso no se vale, es una simulación en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores”, explicó el especialista.
Si el outsourcing es utilizado de manera dolosa para evadir prestaciones laborales, la ley contempla sanciones. Sin embargo, a pesar de todo, en la realidad existen empresas que, aunque generan utilidades, en el papel no tienen ningún empleado, sino que los trabajadores están pulverizados en distintas compañías pequeñas que no generan ganancias.
“No registran a los trabajadores en el IMSS, no los registran con lo que realmente ganan, no los dejan crear antigüedad porque los dan de baja de una empresa y crean luego otra, y han evadido el renglón fiscal; no pagan reparto de utilidades y obstaculizan la contratación colectiva”, declaró.
A partir de enero se realizará un ejercicio de Parlamento abierto para escuchar a los involucrados, y en el próximo período de sesiones, en marzo de 2020, se discutirá en el pleno esta iniciativa.
Respecto a la aseveración de representantes de la iniciativa privada que dicen que regular la subcontratación va a afectar a la economía y la competitividad, el especialista dijo que esta figura, bien llevada, no tiene por qué causar problemas, siempre y cuando se haga con apego a la ley.
*Fuente: http://www.axopolis.com/
