El crimen organizado extendió sus tentáculos al robo de trenes de carga en circulación, sobre todo de aquellos que cruzan ciudades y tienen que disminuir sus velocidades para evitar accidentes.
Como en el viejo oeste estadounidense, bandas organizadas bloquean las vías para detener el tren y saquear la mercancía que transportan. Una vez detenida la máquina abren los vagones y hurtan todo lo que se puede en un plazo máximo de 60 minutos.
De acuerdo con la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los productos más vandalizados son autopartes, granos, semillas, varilla, alambrón y chatarra, los cuales más tarde son comercializados entre empresas que ignoran la procedencia de la mercancía o son cómplices del delito, o bien es mercancía que llega al mercado negro.
Únicamente en 2010 la STC contabilizó 5 mil 136 robos a lo largo del Sistema Ferroviario Mexicano, equivalente a 14 delitos por día.
La dependencia mantiene bajo reserva, a petición de las empresas concesionarias, las estadísticas sobre este problema y el costo de las pérdidas para evitar represalias por parte del crimen organizado, aunque reconocen que los costos generalizados del transporte de mercancías son muy altos, y se ven afectados de manera importante con los robos al tren.
Incluso, en su Programa de Trabajo 2012, Dionisio Pérez-Jácome, titular de la SCT, solicitó la intervención y la acción -coordinada- de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal Preventiva (PFP) y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como con las empresas concesionarias y asignatarias, a fin de implementar actividades que permitan la prevención y disminución de ilícitos en el sistema ferroviario mexicano.
Además, estarán atentos a la implementación de los programas de seguridad establecidos por los concesionarios para las instalaciones ferroviarias estratégicas, a través del requerimiento de informes y verificaciones.
Actualmente son siete las empresas concesionarias que estarían afrontando este problema y que en 2011 movieron 108.4 millones de toneladas de carga, de acuerdo con la Carpeta de Indicadores de la Dirección General de Planeación de la SCT, a febrero de 2012:
Ferrocarril Mexicano (Ferromex) movió 50.3 millones de toneladas; Kansas City Southern de México, 35.4 millones; Ferrosur, 15.8 millones; Línea Coahuila-Durango, 4.1 millones; Ferrocarril y Terminal del Valle de México, 1.6 millones; Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, 753 mil toneladas, y Administración Vía Corta Tijuana-Tecate, 309 mil toneladas.
“El robo al tren -explican autoridades de la SCT- sin duda representa un alto costo para los concesionarios, incluyendo costos de desconfianza que les dificultan ampliar sus mercados, además de disminuir el cumplimiento íntegro de las mercancías transportadas”.
El director de Transporte Ferroviario y Multimodal y administrador del Proyecto Corredores Seguros Arturo Rivera advierte que el tramo Apaseo-Irapuato, en Guanajuato, “se ha convertido en un foco rojo por la vandalización de trenes” que esta afectando la economía regional que tiene un alto componente industrial.
En este corredor se realizan casi cinco de cada 10 robos de trenes registrados a nivel nacional, según la SCT. El tramo tiene una alta densidad (31 máquinas diarias, incluyendo las de derecho de paso, en ambas direcciones).
Los delincuentes aprovechan el actual estado físico de los 77 cruces del corredor (clasificados como en mal estado), de los cuales sólo 25 presentan señalización y 16 se encuentran defectuosos.
Además, esto provoca un alto nivel de posibilidades de accidentes en esos cruces por falta de cultura vial y malas condiciones de la infraestructura existente.
Lo anterior obliga a que el tren circule a velocidades de entre 12 y 15 kilómetros por hora en su paso por la zona urbana, velocidad de paso que ofrece una mayor seguridad para los peatones y autos que utilizan los cruces, pero que por otra parte produce mayores demoras y facilita hasta cierto punto el paro ilegal del tren por el cierre de angulares por parte de grupos delictivos, con la finalidad de robar la mercancía transportada.
El robo al tren, además de representar un alto costo para la concesionaria (incluyendo las pérdidas que genera la desconfianza que le dificulta ampliar su mercado), también representa una afectación para la población, pues la operación manual de los cruces por parte del crimen organizado llega a prolongar hasta 60 minutos las demoras por el paro de los vagones cuando se presenta una eventualidad de este tipo.
La presencia del crimen organizado que se dedica al robo de trenes en esta región no es casual, pues el estado de Guanajuato está localizado dentro del llamado “triángulo dorado”, que integran la Ciudad de México-Guadalajara-Monterrey, en un radio de 400 kilómetros en donde se concentra 60% de la población, 80% del mercado mexicano, 70% del comercio internacional y 70% de la industria automotriz mexicana, lo que representa un gran atractivo para los delincuentes.
Es el centro logístico más importante, pues dispone de carreteras, vías férreas y un aeropuerto internacional, así como la aduana interior más moderna del país.
La localización de la entidad y la infraestructura en comunicaciones la hace dueña de una posición geográfica estratégica para el flujo de personas y mercancías que circulan por el territorio nacional.
El corredor férreo Apaseo-Irapuato está conectado con importantes ciudades del norte y sur de México, así como con Estados Unidos y Canadá, lo que permite el envío directo de mercancías a ambos países. Este eje es paralelo al Corredor Industrial del Estado de Guanajuato y es operado por la empresa Ferromex.
La operación ferroviaria en el estado de Guanajuato, específicamente en este tramo, permite también unir los estados de Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, principalmente, de ahí que el vandalismo a trenes “provoca ineficiencia en la operación de esta zona y por lo tanto demoras en los tiempos de entrega”.
Por este sistema de comunicación ferroviaria en la entidad quedan unidas gran número de ciudades importantes: partiendo de Celaya y hacia el norte; San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo (con ramal a San Luis de la Paz); hacia el sur y saliendo de Celaya se enlazan Salvatierra y Acámbaro; por el Poniente Cortázar, Villagrán y Salamanca con ramal hacia Valle de Santiago y Jaral del Progreso, Irapuato con líneas a Pénjamo y a Silao, que se prolongan hasta León y San Francisco del Rincón.
En Celaya se encuentra el segundo ferropuerto de México, instalado en un área de 57 hectáreas. Está equipado para movilizar un millón de toneladas de productos al año y 10 mil contenedores; cuenta también con oficinas fiscales y aduanales para los trámites de exportación e importación, y acceso a puertos.
Por ello, la SCT considera prioritaria la implementación del proyecto Construcción del Corredor Seguro Apaseo-Irapuato, cuyo primer paso será contratar empresas especializadas para realizar los estudios de preinversión, cuyo costo se estima en 50 millones de pesos, mediante los cuales se podrá determinar la factibilidad legal, técnica, económica y ambiental de la obra, así como las características necesarias en virtud de las condiciones de la propia zona.
Estos estudios permitirán además realizar un diagnóstico de la problemática, el análisis del área de influencia con base en el estatus actual en que opera el ferrocarril en la zona, el impacto que representaría el proyecto en la resolución del problema planteado, la definición de un análisis de la oferta y demanda actual, así como los costos principales de inversión y su posible financiamiento.
Con todo, el proyecto Corredor Seguro tiene como propósito central establecer las condiciones de seguridad para la población y el ferrocarril en tramos de vía específicos ubicados en las áreas urbanas, mediante el desarrollo de obras de conservación y rehabilitación de vía, integración del despacho de trenes a los sistemas de señalización urbana, así como su mejoramiento, además de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la empresa concesionaria, lo que permitiría agilizar el tránsito vehicular, al minimizar o en determinado caso eliminar los conflictos en las vialidades urbanas, logrando con esto una convivencia segura y armónica entre la población y las operaciones ferroviarias.
En materia de disuasión de vandalización en cruces a nivel nacional, pretende una mejor supervisión por parte de las autoridades locales de cruces de alta incidencia, la difusión de sanciones por vandalización de señalización y marcar los elementos de señalización de los cruces a nivel con un elemento particular.
“Buscamos -explicaron fuentes-, propiciar la prestación de un servicio de transporte ferroviario de carga eficiente y seguro, pero sobre todo, reducir los daños ocasionados por vandalismo al equipo ferroviario y los robos al ferrocarril”.
