A escasos cinco meses de caer la guillotina contra las firmas siderúrgicas nacionales y extranjeras instaladas en el país, un grupo compacto de legisladores de oposición está intentando frenar la apertura unilateral de fronteras al acero, es decir sin reciprocidad al calce, decretada por la Secretaría de Economía.
Colocada la ruta en un escenario de gradualidad, los países con los que México no ha pactado Acuerdos de Libre Comercio podrán ingresar el producto en bruto o vía insumos elaborados, con arancel o impuesto de importación a tasa cero.
Haga de cuenta Juan por su casa.
La dedicatoria del regalito, con los atentos saludos del titular de la dependencia, Bruno Ferrari, apunta hacia el dragón chino, principal productor del planeta.
De acuerdo a la World Steel Asociation, el año pasado la producción de acero del país de la muralla alcanzó mil 413 millones de toneladas, lo que representa 44% de la global.
La exposición de motivos de la dependencia cuyo extranjerismo es delicioso, habla de obligar a la planta productiva nacional a la competencia, en un escenario de abierta desigualdad, dados los subsidios y subvenciones que otorga el gobierno del país de la muralla a sus exportadores, al margen, naturalmente, de una mano de obra barata y mil concesiones en materia de impuestos.
El caso es que la intervención de los legisladores encabezados por el presidente de la Comisión de Industria Automotriz de la Cámara de Diputados, Melchor Sánchez de la Fuente, en paralelo a sus colegas Benjamín Clariond e Ildefonso Guajardo, plantea como primer punto el reponer el diálogo entre la dependencia y los afectados.
La Secretaría de Economía cerró sus puertas hace varios meses, alegando que los propios industriales habían aceptado el golpe vía la Cámara que los aglutina, tras una gestión realizada por la industria automotriz, como principal beneficiada.
Lo que se soslaya es que el acuerdo condicionaba la apertura gradual al cumplimiento de varios requisitos, entre ellos una caída en las tarifas eléctricas y las aplicables al gas natural, cuyo costo conjunto gravita en el 30% del valor de producción.
Naturalmente, una vez firmado el documento, la dependencia le lanzó la bolita a la Secretaría de Hacienda, es decir la entidad encargada de fijar los precios y tarifas públicas, quien a su vez la envió a la Comisión Reguladora de Energía.
En el ping pong se habla de que ninguna dependencia tendría facultades para fijar tarifas especiales a un sector productivo determinado, y tampoco se podrían otorgar subsidios selectivos.
Mientras tanto, el arancel o impuesto a la importación del acero bajó en un máximo de 15% sobre el precio ad valorem a un mínimo de 10% a 5% y 3%, en cuya rendija se metió el dragón chino.
De hecho, criticada en su momento la ingenuidad con que las firmas siderúrgicas pactaron el armado de la guillotina, la catarata de partes chinas ha prendido focos rojos en la Concamin y la Canacintra, con énfasis en la industria metal-mecánica.
Del tamaño de la avalancha habla un reciente diagnóstico del Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero, sosteniendo que el mercado mexicano ha sido depredado ante el potencial de la nación de la muralla.
Lo dramático del asunto es que empresas como Altos Hornos de México y el Grupo Villacero se habían modernizado en la coyuntura de una incipiente recuperación en el precio internacional del producto.
La producción conjunta de la industria el año pasado fue de 16.2 millones de toneladas, previéndose que para este año alcance 17.2, monto que, sin embargo, resultará insuficiente frente a una demanda interna de 70 millones.
La mira de las firmas era, justo, alcanzar niveles de autosuficiencia para impedir mayor flujo de importaciones.
El caso es que la avalancha china está dejando las bodegas atiborradas, lo que provoca que algunas plantas trabajen a sólo el 50% o 60% de su capacidad instalada.
Naturalmente, la desesperación ha multiplicado las denuncias por prácticas desleales de comercio. ¿Otro sector productivo borrado del mapa?