CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Marina ya tiene a bordo la administración de 117 terminales de altura y cabotaje.
Sin embargo su derrotero avizora varios nubarrones, pues las voces inconformes con ese mando naval en el sistema portuario mexicano advierten una lluvia de amparos y controversias constitucionales.
“A ver, para que se entienda fácil. El que la Marina tome el control de los puertos es como si el Ejército controlara el transporte carretero, que los camioneros tengan que sacar su licencia en la Zona Militar y ésta esté firmada por un General, que la inspección de vehículos autorizados para carga lo hagan militares y que las casetas o plazas de cobro estén a cargo de militares”, explica el Capitán de Altura Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Trabajo y Conflictos de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana.
“Ese es el problema, que este sector esté bajo la administración militar, ésa ha sido la preocupación que nosotros hemos externado, y en realidad creemos que esto es un montaje, primero porque el Presidente comienza a hablar de que existe corrupción en los puertos y los puertos son privados (concesionados), incluyendo el puerto de Veracruz, la Marina Mercante no tiene ninguna relación con la estructura de los puertos”, puntualiza Rodríguez.
Con esto, añade el Capitán de Altura, no existe motivo en la iniciativa de ley que pretende que la Marina asuma el control administrativo de los puertos.
“Prácticamente existen 16 Administraciones Portuarias Integrales (APIS) que produjeron el año pasado aproximadamente 11 mil millones de pesos de ganancia, ese es el tamaño del negocio que pasaría ahora a la Secretaría de Marina”, alerta.
Con la reforma, la Armada de México se convierte en la Autoridad Marítima Nacional en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales marinas e instalaciones portuarias nacionales, así como en aguas nacionales.
En México, los principales puertos son Altamira y Veracruz en el Golfo de México; y Lázaro Cárdenas y Manzanillo en el Pacífico.
Actualmente 16 empresas paraestatales administran los puertos comerciales más importes del País.
Tres direcciones de la SCT hasta ahora administran este sector.
La Dirección General de Marina Mercante, que forma parte de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y promueve el transporte marítimo; la Dirección General de Puertos y en ella radica la autoridad en la materia y la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria que promueve la eficiencia y rentabilidad de las 16 paraestatales.
La Marina tiene una mala nota en otros países que se han quejado del robo a sus buques por parte de piratas que operan en el Golfo de México.
También tiene una mala imagen por abusos reportados durante sus operativos en altamar a buques mercantes y por la prolongada retención innecesaria de embarcaciones involucrados en supuestos actos ilícitos.
“¿Y ellos van a administrar los puertos?, ironiza Rodríguez.
Por su parte, la Marina inició cursos al vapor de su personal en tareas administrativas civiles para conocer cómo operan los puertos y cuál es la legislación vigente.
‘Bajo el ojo de la Marina’
La llegada de la Marina a los puertos trae la misión de poner orden ante el constante paso de precursores para la elaboración de drogas sintéticas, opina Clemente Villalpando, experto en transporte de carga y comercio exterior.
“Desde hace dos años y medio se venía viendo este relevo militarizado, principalmente por la inseguridad y por el tráfico de estupefacientes y precursores en los puertos, pero nunca se pensó que se pudiera llegar a las administraciones portuarias integrales”, dice Villalpando en entrevista.
“Antes de que ambas cámaras legislativas aprobaran la iniciativa, ya se habían aprobado como directores de las Administraciones Portuarias Integrales a militares navales retirados”, advierte.
No obstante, el especialista adelanta que la administración de los puertos seguirá a cargo de civiles expertos en comercio exterior, marina mercante y temas aduaneros.
“Toda la estructura administrativa de las administraciones portuarias va a seguir siendo de civiles, sin embargo, van a estar con el ojo de los militares todo el tiempo, eso es lo único que va a cambiar, es una estrategia de seguridad nacional y también con la idea de poner orden”, expresa.
“Hay elementos y datos duros por los cuales se justifica todo este movimiento, porque mucha de la fabricación de las drogas se daba por medio del suministro de precursores que llegaban directamente de China, esa es la verdad, y el puerto de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo es sabido que son lugares de trasiego de estos precursores”, añade.
Alerta que es posible que en el camino los marinos sean responsables de una lentitud en el proceso de descarga de los buques, derivado de las revisiones meticulosas.
“Nosotros que nos dedicamos al transporte de carga, también carretero, estamos muy acostumbrados a los retenes militares y dos son muy famosos en México, el de Benjamín Hill, en Sonora, y el de San Luis Río Colorado, también Sonora casi colindando con Baja California.
“Son retenes militares en donde tienen formados a los camiones hasta 18 horas, para poder revisar la carga, los militares abren la carga, revisan todo, y los transportistas están acostumbrados a las revisiones, a la invasión de la carga por parte de los militares, y nuestros clientes lo saben y hasta lo toleran, antes era el SAT. Ahora las navieras se van a tener que acostumbrar”, anticipa.
Toma Apis y Capitanías
Un mes antes de que el Congreso de la Unión aprobara las modificaciones a la Ley de Navegación y de Puertos, en las Administraciones Portuarias Integrales (APIS) comenzaron a mandar los militares.
El 2 de septiembre tomó protesta como nuevo director general de la API de Veracruz el Almirante Romel Eduardo Ledezma Abaroa.
El ex mando naval se retiró de las filas de la Marina en junio pasado y el cargo fue avalado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con la misión de acabar con la corrupción en ese puerto.
El Almirante ha sido comandante de Región y Zona Navales en Veracruz, Tamaulipas, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
Además fue Jefe de las secciones de Inteligencia y de Personal del Estado Mayor General.
El 4 de septiembre asumió la dirección general de la API de Dos Bocas el Almirante Gregorio Martínez Núñez, quien se venía desempeñando como comandante de la Quinta Zona Naval en Frontera, en Tabasco.
El 1 de septiembre fue enviado a la API de Guaymas, Sonora, el Contralmirante Catarino Hernández Tapia y en la API de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, fue designado en julio pasado el Almirante Jorge Luis Cruz Ballado, quien ya había encabezado ese puerto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En la API de Manzanillo, Colima, el 2 de septiembre fue nombrado director el Almirante Salvador Gómez Meillón, quien, como militar en activo, comandó la Sexta Región Naval, con sede en ese mismo puerto; mientras que en agosto en la API de Progreso rindió protesta al cargo de director el Vicealmirante Jorge Carlos Tobilla Rodríguez y en la API de Puerto Madero quedó al frente el Vicealmirante Aurelio Antonio Argüelles.
También en agosto, en la API de Puerto Vallarta fue impuesto el Almirante Víctor Francisco Uribe Arévalo; el Vicealmirante Marco Antonio Ibarra Olaje en la API de Topolobampo y el Vicealmirante Nicodemus Villagómez Broca en la API de Tuxpan.
En tanto en las Capitanías de Puerto, en julio asumió la titularidad de la Capitanía Regional de Manzanillo, el Contralmirante retirado Marciano Valdez Martínez, quien estuvo al mando de Inteligencia Estratégica en el desaparecido Cisen.
En la Capitanía Regional de Lázaro Cárdenas, fue designado desde 2019 el Contralmirante Ubaldo Gómez Rodríguez; en Champotón, Campeche, el Capitán de Fragata Gerardo Ronzón, y en Puerto Juárez, Quintana Roo, el Vicealmirante Marcelino Tapia Minjares.
Además, en Puerto Morelos, Quintana Roo, fue encargado de la capitanía el Vicealmirante Marco Antonio Pescina Ávila; en Dos Bocas, Tabasco, el Capitán de Navío Sergio Rubio Márquez; y en Tuxpan, Veracruz, el Capitán de Navío Luis Jorge Goicochea Sotomayor.
Huachicol, drogas, corrupción
Tres casos ocurridos en este año fueron determinantes para que la Marina asumiera el control de los puertos y la navegación, dijeron fuentes navales.
Uno de ellos se reportó el pasado 12 de septiembre, en el marco de la implementación de la Operación “Refuerzo Sonda”, la Secretaría de Marina realizó una inspección al buque “Blue Commander”, atracado en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.
La Armada de México sostuvo que grupos delictivos realizaban actividades de huachicol, relacionadas con ese buque, de la naviera Blue Marine, ligada a Antonio Juan Marcos Issa -ex funcionario de Pemex con Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo y después proveedor de buques a la empresa petrolera mediante contratos millonarios- y su yerno Juan Reynoso Durand.
El buque, utilizado como almacén y transporte de petróleo crudo y derivados, estaba atracado en el muelle de Agroindustria en la Laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, en donde los marinos encontraron 2 unidades de autotransporte que se encontraban abasteciendo de hidrocarburo a la embarcación, en la cual los navales encontraron inconsistencias y faltas administrativas.
Como resultado de la intervención se autorizó la técnica de investigación (cateo), en la que se realizaron peritajes en diferentes áreas del buque, resultando en la detención de 21 tripulantes por el probable delito de posesión y almacenamiento de hidrocarburo al no acreditar los permisos correspondientes, y el aseguramiento del buque.
Actualmente el buque aún se encuentra asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) y atracado en el muelle de Pajaritos, de acuerdo con fuentes navales.
Otro caso fue el aseguramiento, en julio, de un cargamento de 102.6 kilogramos de cocaína en el Puerto de Manzanillo.
La droga fue localizada en el buque portacontenedores “SVENDBORGMAERSK”, con bandera de Dinamarca, que llegó a México procedente de Balboa, Panamá.
Personal de la Armada tuvo conocimiento de que el buque transportaba carga ilícita, por lo que se desplegó una operación encabezada por el Oficial de Protección del Puerto, en colaboración con personal naval, de la Aduana y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Cada bulto contenía 45 paquetes en forma de ladrillos, mismos que un perro especializado en detección de drogas marcó como “incidencia positiva”.
El último caso se reportó en marzo cuando la Marina detectó un atraco fiscal en el puerto de Tuxpan, en Veracruz, donde pipas cargadas de combustible importado salían del recinto sin pasar por los controles fiscales y pagar los impuestos correspondientes.
El titular de la Marina, José Rafael Ojeda, informó que, tras realizar varias inspecciones, por denuncias previas de robo de combustible, encontraron que los vehículos eran estacionados en una zona del puerto en espera de que llegara la noche para cargar el diésel y sacarlo del lugar en la madrugada.
“Lo que hacían estos elementos: entraban las pipas, (esperaban) y en la madrugada, más o menos, entre 2:00 y 5:00 de la madrugada, cargaban en el muelle y de ahí salían directamente sin pasar por el recinto fiscalizador”, detalló Ojeda.
“Había barcos, llegaban más o menos entre dos y tres barcos por mes (al puerto), y el pedimento de carga que manifestaban que iban a descargar era de 50 mil litros de combustible, diésel sobre todo, 50 mil litros de diésel, (pero) realmente descargaban entre 200 y 300 mil litros”.
Como ejemplo, el Almirante detalló que, de octubre de 2019 a febrero de este año, cada mes al menos dos buques realizaron operaciones en este puerto, con una descarga de más de 322 mil barriles de diésel, por los que sólo pagaron, en promedio, 50.45 millones de pesos de impuestos en cada procedimiento.
Sin embargo, informó, una vez que la Marina tomó el control del puerto, se realizó una sola operación de 200 mil barriles de diésel, con los que pudieron recaudarse 250 millones de pesos de impuestos.
Fuente:
Benito Jiménez-https://lucesdelsiglo.com/2020/11/08/toma-marina-timon-de-puertos-revista-r/
