CIUDAD DE MÉXICO, 17 de marzo.- Empresarios del autotransporte de carga en México buscarán aprovechar la cercanía del proceso electoral en Estados Unidos para pesionar un arreglo por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la apertura de fronteras a la que se comprometió EU en el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Lo anterior derivado de las acciones ya realizadas en busca de un arbitraje internacional en demanda de una indemnización por alrededor de seis mil millones de dólares que el gobierno de los EU tendría que pagar.
Afiliados a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) comentaron que a finales de este mes vence el plazo para que los afectados presenten sus pruebas y se hagan las estimaciones totales.
El incumplimiento es de varios años; sin embargo, el marco legal internacional respalda únicamente tres años, por lo que la estimación reciente es de dos mil millones de dólares anuales.
De hecho, explicaron que el proceso por el que los auto-transportistas mexicanos están solicitando un arbitraje internacional ha propiciado que el gobierno de EU haya informado que ya cuenta con un colchón económico para respaldarse en caso de perder el arbitraje; sin embargo, el desahogo podría tardar años.
En este contexto, los abogados de las representaciones de transportistas ya tienen prevista la búsqueda de una negociación directa, para evitar llegar a un panel internacional ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y todo el tiempo, los recursos y el desgaste que este proceso pudiera propiciar.
La estrategia pensada para el plazo inmediato, sin descartar el arbitraje internacional y las querellas que se deriven, es tratar de llegar a un arreglo económico que satisfaga a ambas partes.
Consideraron que la proximidad de las elecciones presidenciales abre una oportunidad para concretar una negociación.
El proceso de arbitaje y de denuncia de los transportistas mexicanos en contra de EU inició 2008. En 2009 la Canacar anunció que la denuncia ya se había interpuesto ante organismos internacionales y por el incumplimiento que aquella nación había hecho, por 14 años, de sus compromisos de apertura de la frontera al autotransporte. Se estima que alrededor de cuatro mil 500 empresas del ramo se han sumado a la protesta.
