Después de casi dos años de que Trump calificara durante su campaña al TLCAN como el peor acuerdo comercial firmado por Estados Unidos en toda su historia y retirara a su país del TPP (Trans-Pacific Partnership) en los primeros días de su Presidencia, por las mismas razones, finalmente se anunció el acuerdo de los tres países de mantenerlo y modernizarlo, luego de más de un año y medio de negociaciones.
Trump, Trudeau y Peña Nieto, han cantado victoria y presumido haber logrado un buen acuerdo. Los portales oficiales de los tres gobiernos reafirman con diferentes textos el “Win-Win-Win,” que alardeó Enrique Peña Nieto.
Trump está destacando en víspera de las elecciones de noviembre que logró enormes avances para Estados Unidos a costa de sus vecinos y que está marcando el paso frente a sus negociaciones con China.
Por su parte, Trudeau tuvo un respiro rumbo a las críticas elecciones de Quebec del año próximo. Argumenta ganancias en empleo automotriz, igual que Estados Unidos, y el mantenimiento de los mecanismos de arbitraje comercial ‒ahora trasladados al Cap. 10 (mejores que los que se aplicarán a México)– a cambio de las concesiones realizadas en su industria láctea y otras áreas.
Peña Nieto celebra que concluirá su presidencia con un acuerdo actualizado –los costos no lo reconoce. López Obrador no tendrá la gran carga que hubiera significado enfrentar negociaciones importantes pendientes en diciembre.
El acuerdo tiene, como lo señala el Banco Mundial, la ventaja de haber disipado la fuerte incertidumbre de inversionistas y del comercio regional y global.
Examinando los resultados, sin duda el ganador fue Trump, tanto en la esfera política como económica, en términos de comercio, inversiones, propiedad intelectual y la nueva economía de servicios. Con el tiempo, habrá que ver qué tanto perderán los consumidores estadounidenses, quienes tendrán que consumir productos más caros.
Siete semáforos se prendieron, algunos desde el inicio y otros a lo largo del proceso de negociación:
- La obsesión de Trump y sus negociadores con el objetivo de abatir el déficit comercial vs el tradicional énfasis en el libre flujo de comercio e inversiones.
- El cambio en las reglas de origen para aumentar el contenido regional de los productos exportados de 63 a 75% y, dentro de éste, la participación de Estados Unidos en los beneficios –objetivo concentrado en la industria automotriz y de autopartes de México, principal fuente contenciosa del déficit comercial estadounidense‒.
- La protección de Estados Unidos de sus inversiones, buscando evitar el efecto de las regulaciones diversas de México y Canadá, incluyendo las ambientales.
- La intención de Estados Unidos de preservar el acceso limitado a sus compras de gobierno, y en cambio mantener el mayor acceso posible a las licitaciones y compras de los gobiernos de México y Canadá.
- El deseo de seguir protegiendo su transporte de carga de la amenaza de la competencia de compañías mexicanas con choferes de nuestro país con más bajos salarios.
- La salvaguarda a sus exportaciones subsidiadas de granos y productos agropecuarios en general, las cuales son muy cuantiosas y significan muchos votos en el crítico Medio del oeste de Estados Unidos.
- La búsqueda de nuestro vecino del norte de extender los beneficios de la propiedad intelectual y establecer reservas a la competencia local en sectores clave como la industria farmacéutica y de biológicos en particular, los derechos de autor, el comercio electrónico, las telecomunicaciones y diversas áreas de servicios digitales en las que las empresas estadounidenses ‒Google, Facebook, Apple, Amazon‒ tienen una situación de ventaja tecnológica, que consolida su posición de monopolio y supremacía global.
Este último capítulo corresponde a disposiciones que en Estados Unidos Obama había logrado imponer a los integrantes del TPP, y quedaron en suspenso en el nuevo acuerdo firmado recientemente sin Estados Unidos: el CPTPP (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).
Experto en el “arte de negociar”, Trump supo agregar algunos elementos adicionales para forzar a sus socios comerciales a realizar concesiones: una inaceptable cláusula “Sunset” que buscaba abrir la posibilidad de terminar o renegociar el acuerdo cada 6 años y otras presiones que sabía eran inaceptables para los dos países, como lo fueron la eliminación del mecanismo de controversias, el asedio a las industrias culturales de Canadá y, en el caso de México, la pretensión de restringir las crecientes exportaciones mexicanas de frutas y hortalizas sólo a contra-temporada, que felizmente tampoco ocurrió.
Aunque tomará tiempo evaluar las implicaciones para México del nuevo acuerdo de siglas impronunciables en español –USMCA‒, los principales resultados están a la vista.
En el sector automotriz y de autopartes, las empresas tendrán a futuro un límite en sus exportaciones a Estados Unidos de 2.4 millones de unidades y deberán ajustarse a reglas de origen que aseguren un contenido regional de 75% (bueno), pero que reservan 40% del contenido total a producción proveniente de trabajadores con salarios de 16 USD la hora, o sea, de Estados Unidos y Canadá. Aunque en cartas paralelas tendremos un seguro para que no suframos daño, en el caso del azúcar contamos ya con una amarga experiencia de los límites de ese tipo de mecanismo.
Otro sector perdedor será el de salud y la industria farmacéutica mexicana. Las empresas de capital nacional que hasta ahora han venido lanzando al mercado productos biotecnológicos de más bajo precio (hasta en dos terceras partes), al concluir el largo periodo de 20 años de las patentes, y hoy tienen que someterse a un periodo de reserva de datos de 5 años adicionales, ahora verán ampliada la espera a 10 años, con lo que el Estado mexicano ‒el gran comprador‒ y los consumidores verán afectados sus bolsillos en 15 mil 200 millones de pesos en 5 años y encontrarán inaccesibles tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades como el VIH-SIDA. Estados Unidos presume como gran logro esta restricción que sienta precedentes en el ámbito internacional.
Los derechos de autor pasaron de 50 a 75 años y las empresas establecidas de comercio y servicios digitales tendrán una protección clave hacia el futuro, difícil de estimar en sus efectos para empresas mexicanas que pretendan emularlas.
Las disposiciones sobre protección ambiental y contra el cambio climático, que hubiera sido deseable reforzar mediante apoyos financieros apropiados, brillan por su ausencia; lo que sí se incluye es una cláusula de combate a la corrupción ‒aplicable también a las empresas mexicanas en el exterior‒ y un polémico artículo 32 que establece la obligación de consulta previa si se pretende firmar un acuerdo comercial con un país que no cuente con reconocida “economía de mercado” (¿China acaso?).
Espero que nuestros legisladores pronto tengan una versión completa en español y el tiempo suficiente para revisar el acuerdo antes de ratificarlo.
