Se resalta que los países latinoamericanos han logrado resistir a la crisis económica y financiera mundial con mayor éxito que muchas otras regiones del mundo y que están mostrando signos de recuperación relativamente más rápidos; y así, se prevé que, en 2010, el crecimiento en la región sea más fuerte que en la mayoría de los países de la OCDE.
La correcta gestión macroeconómica ha contribuido a la resistencia económica de América Latina en esta ocasión. Pero será necesario perseverar pues aún no se ha logrado un nivel de institucionalización de las buenas prácticas en el ámbito fiscal, por tanto, la tarea más inmediata consiste en afianzar los mecanismos de política contracíclica.
La situación de los grupos de ingresos medios en América Latina, muestra que estos grupos son económicamente vulnerables: pocos de sus integrantes cuentan con títulos universitarios y muchos trabajan informalmente. Se trata de una “clase media” que no es exactamente igual a la que se convirtió en motor de desarrollo en numerosos países de la OCDE. Se precisan entonces políticas que potencien la movilidad social ascendente. Esto implica pensiones que eviten a los trabajadores de ingresos medios actuales caer más adelante en la pobreza, pero también mejores políticas educativas que contribuyan a asegurar que los niños pertenecientes a esos grupos de ingresos medios cuenten con medios de vida más seguros que los de sus padres, al tiempo que mejoran la productividad y la competitividad de toda la economía en su conjunto.
La movilidad ascendente puede hacer que las sociedades latinoamericanas sean más justas, más estables y más cohesivas. Se indica las razones y el modo en que deberá y podrá promoverse la movilidad ascendente, y la manera en que podrán instaurarse redes de seguridad con el fin de proteger a los segmentos más vulnerables de esos grupos de ingresos medios, así como a los hogares más pobres y desfavorecidos.
Se resalta que los países latinoamericanos y caribeños deben emprender la reforma de sus finanzas públicas a fin de reforzar el contrato social y ofrecer mejores oportunidades a las personas desfavorecidas y vulnerables. Este enfoque podría ayudar a los Gobiernos a recaudar ingresos fiscales y, al mismo tiempo, a proporcionar unos servicios públicos de mejor calidad, lo que, a su vez, contribuirá a generar una base para la necesaria reforma fiscal.
