La Comisión de Marina de la Cámara de Diputados presentó la iniciativa de decreto para una nueva Ley de Puertos, que pretende sustituir a la actual, que data de 1993, a fin de actualizar el marco regulatorio a las actuales necesidades de comercio.
La iniciativa fue presentada por el legislador Alejandro Gertz Manero, Luis Antonio Martínez Armengol y Francisco Armando Meza Castro, integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Marina de la LXI Legislatura.
En la exposición de motivos destaca que el objetivo de la ley es preservar la rectoría económica del Estado, precisar su participación en la creación de infraestructura, dar al transporte marítimo la mayor certidumbre, alentar la inversión privada y crear un sistema portuario nacional.
En esta iniciativa se propone que las Administraciones Portuarias Integrales (API’s) tengan mayor transparencia de sus acciones; se estima que la actividad portuaria mueve actualmente importaciones por 890 mil millones de pesos anuales y exportaciones por 919 mil millones, pero, no existe información precisa que sería de gran utilidad para las estadísticas económicas y fiscales.
De la información relativa a impuestos de importación y exportación, se desconoce cuáles son los beneficios para la nación, para las API´s y para los municipios en donde éstas se localizan. Por eso el artículo 26 de la Ley General de Puertos obliga a que tanto las API´s como los concesionarios estén obligados a dar toda la información financiera de ingresos, egresos, productividad y destino de los bienes de la nación.
Asimismo prevé mecanismos para la rendición de cuentas que les permita saber con certeza cuáles son los rendimientos de las concesiones y cuánto generan de impuestos. Se propone también actualizar la vigencia de las concesiones y que estén otorgadas en los mismos términos en que se dan en todo el entorno mundial.
Se cuida que las adjudicaciones directas tengan con precisión los mismos requisitos que tienen las licitaciones, que no haya cambios en las concesiones que den lugar a que no se cumplan con las obligaciones contraídas y con las garantías ofrecidas.
En esta iniciativa de la Comisión de Marina se busca que todas las estructuras de conectividad en los puertos estén bien establecidas para que no se generen polos de crecimiento en medio de municipios en donde la pobreza y la infraestructura coexisten en un mismo territorio.
Con respecto a la Ley anterior, se corrige que cuando una persona física o moral tenga una querella o litigio contra las API´s lo pueda hacer ante la autoridad, no ante la propia API, porque éstas carecen de autoridad y no puede permitirse que se conviertan en un órgano público de gobierno.
La iniciativa precisa la facultad del Estado de otorgar las concesiones y autorizaciones y todos los demás procesos relativos, pero además la capacidad de establecer las bases de regulación tarifaria así como aprobar y registrar las tarifas.
También en la nueva ley se define con mucha claridad que en ningún caso se podrán “… ceder, hipotecar o en manera alguna gravar o transferir la concesión, los derechos en ella conferidos, los bienes afectos a los mismos o sus dependencias o accesorios, a ningún gobierno o estado extranjero ni admitirlos como socios”.
Efrén Ortíz Villaseñor, secretario Técnico de la Comisión de Marina expuso que esta iniciativa se turnará a la Comisión de Transporte y a la Comisión de Presupuesto para su análisis.
