En septiembre de 2017 una iniciativa liderada por el abogado, Fernando Vargas -socio fundador de Adexco Abogados- se buscó convocar a los distintos gremios relacionados con el Comercio Exterior chileno para integrar una Mesa Público-Privada Comex. A su vez, con la ayuda de los centros de pensamiento “Instituto Libertad” y “Horizontal” y el apoyo del gerente general de Datasur, Pablo Morales, se inició una labor de convocatoria y de reuniones con dichos gremios para trazar lineamientos generales relativos a los problemas históricos que enfrenta el sector.
Como resultado de las reuniones desarrolladas se convocó a participar de una Mesa Público-Privada del Comercio Exterior de Chile con dos objetivos principales: 1) Proponer a la autoridad gubernamental aunar la institucionalidad del Comercio Exterior chileno; y 2) Modernizar al sector desde el punto de vista normativo.
A la Mesa han asistido representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma), la Asociación Logística de Chile (ALOG), la Cámara Aduanera de Chile (Cadch), el Instituto Chileno del Acero (ICHA), profesionales del Instituto Libertad y de Horizontal, además del Senador Francisco Chahuán y el diputado Carlos Ignacio Kuschel, parlamentarios que han mostrado un especial interés y apoyo en esta iniciativa del sector privado.
Uno de los principales objetivos de esta Mesa es contactar y hacer partícipes a las autoridades gubernamentales relacionadas con el Comercio Exterior, con las que ya se están sosteniendo conversaciones. Entre ellas figuran el Ministerio de Economía (del que depende InvestChile), el Ministerio de Relaciones Exteriores (del que dependen Direcon y ProChile), el Ministerio de Hacienda (del que depende Aduanas) y el Ministerio de Transportes (del que depende el Observatorio Logístico).
De acuerdo con Fernando Vargas, tiempo atrás, Chile fue líder en cuanto a cantidad de tratados comerciales internacionales firmados con otros estados, pero estos acuerdos y las ventajas que conllevan se han transformado en la regla general en el mundo, dada la certeza empírica de que el libre comercio entre las naciones genera crecimiento económico para los países. Incluso, acuerdos regionales proteccionistas como el Mercosur están negociando un tratado de libre comercio con la Unión Europea, además de un incontable número de países que están en procesos de negociación de tratados de este tipo.
Lo anterior, implica que en forma progresiva las preferencias arancelarias dejarán de ser una ventaja comparativa de Chile. “Es por lo anterior que la institucionalidad y la normativa chilena debe adaptarse a esta nueva realidad y se deben generar los procesos de cambios para explotar otras ventajas comparativas que tiene Chile con respecto al mundo”, proyecta el abogado.
En ese plano indica que “la Mesa Público-Privada es una instancia abierta a todo gremio que se relacione con el Comercio Exterior chileno y que comparta los objetivos generales de ésta, como son examinar la institucionalidad y la normativa del sector”.
Cabe mencionar además que una entrevista anterior con MundoMarítimo, el abogado hizo hincapié en la necesidad de aunar la institucionalidad, ya que ésta se encuentra dispersa e inorgánica en nuestro ordenamiento jurídico.
En forma paralela la conformación de la Mesa, el abogado Vargas y Pablo Morales contactaron a Procomex Brasil, quienes mediante el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el apoyo local de Sofofa, se encuentran en una labor de “mapeo de los procesos del comercio exterior de Chile”.
Esta iniciativa, según explica Vargas, será una herramienta fundamental para la revisión de la normativa chilena atingente al comercio exterior, y en esa lógica, los encargados de la Mesa han prestado toda su colaboración para convocar a expertos locales en materias de comercio exterior para generar un levantamiento veraz y certero de los procesos relacionados al comercio exterior en Chile.
El abogado adelantó que el resultado de este levantamiento de procesos que, “sin duda será de gran utilidad no sólo para la Mesa Público-Privada, sino para todo el sector del comercio exterior nacional”, será de dominio público y detalló finalmente que este trabajo será a largo plazo (24 meses) y que actualmente “se encuentra en plena ejecución”.
