CIUDAD DE MEXICO (Xinhua).— La principal cúpula empresarial del país solicitó al gobierno de México poner en marcha “una cruzada” para combatir a la corrupción, que causa severos daños económicos y sociales.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró que la administración de Andrés Manuel López Obrador se haya propuesto como prioridad la erradicación de la corrupción.
“Las consecuencias de la corrupción son graves en términos económicos y sociales”, explicó el organismo en el texto “La voz del CCE”.
“En nuestro país, la corrupción tiene presencia en prácticamente todo tipo de transacciones, desde el pago para acceder a servicios que deberían ser gratuitos o la extorsión de verificadores de todo tipo, hasta el desvío de recursos públicos”, agregó.
El CCE expuso que la corrupción en México tiene un costo de entre el 2 y el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), al citar cálculos de varios expertos.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el fenómeno inhibe en hasta un 5% a la inversión en países con un alto índice de ocurrencia de este tipo de irregularidad.
“Sin duda, México tiene que iniciar una cruzada para cerrar espacios a la discrecionalidad de los servidores públicos, terminar con el desvío de recursos gubernamentales y, en general, dejar atrás los beneficios privados por el ejercicio de una responsabilidad pública”, indicó.
“Hoy, todavía no existe un sistema completo y con capacidad para ejercer sus funciones a cabalidad”, agregó la cúpula empresarial.
El CCE convocó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los gobiernos federal y locales a apoyar la puesta en marcha de un sistema a nivel nacional, mediante la creación de instituciones eficaces.
Destacó como un gran avance que el recién firmado Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) de libre comercio haya incorporado un capítulo anticorrupción, a raíz de una propuesta del sector privado.
“Esta es una aportación sin precedentes en tratados comerciales a nivel internacional: logramos tipificar a los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, así como obligar a los tres gobiernos a establecer medidas eficaces para su prevención y sanción”, detalló.
“Pero este paso adelante no sustituye los esfuerzos que, internamente, tenemos que realizar para construir una sociedad más íntegra y apegada a una cultura de cumplimiento escrupuloso de la ley”, apuntó el CCE.
