El rol de las aduanas en todo el mundo -y en México no es la excepción-, era el de fiscalizar, controlar y recaudar, entre otras funciones; lo que se tradujo rápidamente en burocracia y corrupción.
Todas ellas restrictivas al flujo de las mercancías, más si estas eran de importación, las que además del control aduanero, estaban sujetas a una serie de requisitos por parte de la Secretaría de Comercio, como permisos previos, altísimos aranceles, precios oficiales y, desde luego, el factor común conformado por esa mancuerna de vicios que aqueja hasta nuestros días a los servicios gubernamentales, burocracia y corrupción.
Enfrentar el proceso de revisión para llevar a cabo el despacho aduanero de las mercancías era una labor de miedo, porque la aduana estaba más dedicada a ver como entorpecía las importaciones y nunca a verse como una entidad facilitadora.
Hoy día, muchas cosas han cambiado, lo cual no significa que la dupla burocracia-corrupción haya desaparecido del todo, pero sí es loable y de reconocerse que las aduanas en México han pasado y continúan pasando por un profundo proceso de modernización y se han hecho esfuerzos notables por lograr una mayor simplificación, agilización y con ello la facilitación del despacho de las mercancías.
Con el propósito de lograr estos objetivos, la Organización Mundial de Comercio propuso en 2013 en la Conferencia Ministerial de Bali, Indonesia, el Acuerdo de Facilitación Comercial (TFA, por sus siglas en inglés), mismo que entró en vigor el 22 de febrero de 2017, el cual contiene previsiones para agilizar el movimiento, liberación y despacho de las mercancías, incluyendo aquellas en tránsito.
Establece también medidas para una cooperación efectiva entre las aduanas y otras autoridades relacionadas e incorpora la simplificación, la modernización y la armonización de los procesos de importación y exportación para generar un sistema mundial de comercio más efectivo.
