Este objetivo fue establecido en una iniciativa, aprobada el jueves pasado entre líderes del Congreso de Estados Unidos, para proponer a la Autoridad Negociadora (TPA, por su sigla en inglés), también conocida como fast track, que autorice una “vía rápida” para negociar acuerdos comerciales.
La TPA permite al Ejecutivo de ese país llevar a cabo negociaciones comerciales y presentar los acuerdos firmados al Legislativo, para que éste los ratifique o desapruebe, sin modificar su contenido.
Como una de las condiciones de esa concesión, los legisladores pidieron que los acuerdos negociados por la administración del presidente Barack Obama establezcan medidas en contra de ventajas conseguidas inapropiadamente, a través del uso de dinero u otras cosas de valor.
“(El objetivo) es obtener altos estándares y mecanismos domésticos de implementación -aplicables a las personas de todos los países
participantes- que prohíban tales intentos para influir en actos, decisiones u omisiones de gobiernos extranjeros”, se establece en la iniciativa.
La obtención de la TPA constituye un requisito fundamental en el proceso de negociación y aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por su sigla en inglés) y la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea.
“Ésta es una oportunidad para decir a nuestra administración y a nuestros socios comerciales cuáles son las prioridades de negociación del Congreso”, dijo Max Baucus, presidente del Comité de Finanzas del Senado y uno de los presentadores de la iniciativa.
Hasta ahora, casos de corrupción han sido llevados por cortes federales de Estados Unidos en contra de funcionarios como Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas; Néstor Moreno, ex Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Jorge Torres, ex Gobernador de Coahuila.
En diciembre pasado, México ocupó la posición 106 entre 163 países en el grado de corrupción, con una calificación de 34, donde cero es muy corrupto y 100 muy transparente.
La consultoría Iqom consideró que sin la TPA, que será discutida en los próximos días, se “afectaría considerablemente” la posición negociadora de Estados Unidos, ya que en la medida en que los negociadores no pueden ofrecer concesiones sólidas, su capacidad de presentar demandas se reduce.
