Arumados por los costos de la logística portuaria, la autoridad nacional del sector analiza recurrir a “un decreto” para poner techo y reducir las tarifas de los servicios esenciales que se prestan a los buques en los puertos y en la navegación por los canales fluviales del país.
Por supuesto, cuando uno se sumerge en cómo se construye y que ítems componen el costo de cada una de las tarifas cuestionadas, rápidamente comprende que se trata de una telaraña de intercambios de retornos y costos ocultos difíciles de determinar e imposible de transparentar, propios de una cultura portuaria donde el control y la regulación no existen y la corrupción es tolerada como el mal menor.
Violentar el sistema mediante un decreto puede ser un recurso momentáneo que genere algunos efectos de pirotecnia en el escenario complicado de la actividad portuaria. Tal vez dé la sensación de que se está trabajando para mejorar los costos de la logística, pero seguramente en el transcurrir de los días, el sistema operativo de los servicios portuarios, tal como está estructurado, comenzará a buscar los canales para dejar las tarifas del decreto en la superficie y tejer nuevamente el laberinto que la realidad le permite.
El recurso del decreto o la intención de regular las tarifas desde el poder político no es nuevo. Recurrentemente fue esgrimido como amenaza y hasta utilizado muchas veces, cuando las tarifas fueron motivo de análisis.
El decreto 817/92, en su artículo 24, declara al servicio de remolque sujeto a los principios de libre competencia, libertad de acceso y libre entendimiento de las partes. Pero ratifica la resolución 232/91, la cual establece precios máximos para la prestación de estos servicios.
Estas tarifas máximas fueron aplicadas al inicio de la norma, pero bajo la consigna de la desregulación de la actividad y, sin ningún órgano de control que la supervise, fueron incrementándose con el correr del tiempo con la certeza de que todas las empresas acordaron un pacto de tarifas similares, configurando una clara conducta anticompetitiva y cartelizada.
