Se trata del PRI que, vía la diputada Sofía Castro Ríos, solicitó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Economía explique los motivos que la llevaron a aceptar la investigación antidumping sobre las importaciones de ese producto.
En febrero pasado, Bruno Ferrari y los suyos las iniciaron a solicitud de Bachoco, de Javier Bours, que se hizo acompañar, como ya le hemos platicado, por dos empresas comparsa: Patsa y Buenaventura.
Dicen que fue un intento fallido por alcanzar la representatividad del sector, pues ni siquiera la Unión Nacional Avícola (UNA), que preside Jaime Crivelli, quiso sumarse a la demanda, no obstante lo cual Economía dio entrada al procedimiento.
El punto de acuerdo refiere que el pollo con hueso, incluidas las piernas y muslos, representa 20.7% de los bienes consumidos por los sectores más pobres de la población, sólo después de la tortilla, que significa 27.9 por ciento.
Consecuentemente, el precio de los productos de la canasta básica como el pollo en piezas es un asunto de trascendencia nacional, puesto que lo que ocurra con él influye en la alimentación del pueblo de México y desde luego en su economía.
La legisladora afirma que Bachoco concentró 92% del crecimiento de la industria del pollo en México en los últimos cinco años y que ahora pretende frenar la introducción de muslos y piernas con la imposición de cuotas compensatorias.
De concretarse dichos pagos, se favorecería su dominancia en el ramo y obligaría a las empresas competidoras a elevar sustancialmente sus precios con la consiguiente repercusión negativa en el gasto familiar.
La legisladora Castro Ríos señala en su punto de acuerdo que Economía está ante la disyuntiva de atender las necesidades de millones de mexicanos o dar preferencia a los intereses de una empresa dominante en el mercado.
Durante 25 años Bachoco gozó de la protección, primero, de los ocho años entre la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Posteriormente, de los 10 años iniciales que otorgó el mismo Tratado de Libre Comercio y al final por la salvaguarda de cinco años más que se aplicó a estos productos, bajo el mismo argumento que utilizan hoy.
Pero lejos de haberse preparado para la competencia internacional, ahora busca ampliar las condiciones que le han permitido crecer en valor de ventas 65% en el último lustro, mientras el valor de la producción nacional de pollo creció sólo 56 por ciento.
Por ello, dice la legisladora, no podemos permitir que de manera irresponsable se impida a millones de consumidores el acceso a una alimentación de calidad a precios justos producto de la competencia.
