Los ajustes al código penal que incrementan de siete a 15 años de prisión a las personas que roben vías, partes o equipo ferroviario, bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio, es un aliciente para el sector, pero aún se deben incrementar las medidas, consideró el director adjunto de operaciones de Ferromex y Ferrosur, Lorenzo Reyes.
“Necesitamos medidas más concretas en el campo que nos permitan abatir de manera significativa esta tendencia en crecimiento, porque es una de las afectaciones que tenemos para ofrecer nuestros servicios”, refirió en su participación en Expo Rail 2013.
El viernes pasado, la Secretaria de Gobernación publicó el decreto modificatorio que trata de resolver una de las mayores inquietudes de las empresas ferroviarias del país. En el documento que justificó la medida se menciona, por ejemplo, que cada mes se roban unas 700 toneladas de maíz y cada año las empresas ferroviarias pagan 19 millones de pesos para proteger las mercancías.
“Las rutas que han registrado mayores robos son la costa del Pacífico, desde Sinaloa hasta Hidalgo, pasando por el Valle de México, Veracruz-Perote Celaya-Irapuato, en Guanajuato, la zona de las Juntas, en Tlaquepaque, Jalisco y la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León”, se mencionó en el texto.
Por su parte, Emilio Sacristán, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, refirió que se trató de una buena noticia para las empresas, que han solicitado en los últimos cuatro años que se endurezcan las sanciones porque se han tenido que incrementar las inversiones en materia de seguridad, cuyos montos no se hacen públicos para no prevenir a los delincuentes.
“Estamos satisfechos y sabemos que los trabajos con la autoridad se deben estrechar día a día en beneficios de los usuarios de nuestro medio de transporte, sobre todo ahora que el gobierno federal ha puesto su atención en el sector”, agregó.
