“Dentro de los distintos modelos de carga, la propuesta plantea un modelo de organización industrial cuyos resultados podrían no ser los esperados dadas las características del sistema ferroviario mexicano. La modificación de Ley impulsa la interconexión y el acceso libre a los derechos de paso y arrastre, pero adolece de una fuerte y enfocada regulación, particularmente en el tema tarifario y sobre bienes cautivos”.
Lo expone el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) al presentar un diagnóstico completo sobre el modelo ferroviario y su actual reforma. Además advierte de la existencia de una serie de “conceptos erróneos” que permearon la exposición de motivos y la propuesta de Ley. “De no aclararse, podrían disminuir la calidad de la discusión pública y generar una serie de cambios que, pese a la buena voluntad reformadora, podrían incrementar la ineficiencia económica en el sector”.
Verónica Baz, directora general del CIDAC, participó en el foro convocado por el Senado de la República. Posteriormente la institución que encabeza dio a conocer un estudio dirigido por Rafael Ch., realizado por sus investigadores Luis Serra, Miguel Ángel Toro, Sandra Aguilar y Mauricio García Tec, denominado “Reforma al Servicio Ferroviario en México, consideraciones para mejorar su regulación e incrementar su eficiencia”.
Antes, durante el foro, Verónica Baz señaló la falta de claridad de la minuta, porque quedaba en el aire si es en favor del interés público, de la eficiencia económica del sector y de la atención de quejas de los usuarios.
Y criticó: “Está plagada de errores de concepción”, porque no entiende la manera en que se conforma la estructura del sector ferroviario y cae en el error de tratarla como una industria de monopolios, además, fuerza la entrada de más competidores, lo que puede llevar a costos más elevados, que no sea un negocio rentable y que no haya incentivos para invertir.
Ella rechazó la existencia de monopolios en esa actividad económica. Se trata de “empresas multiproducto”, dijo, además de considerar que las tarifas “no pueden ni deben ser artificialmente competitivas para todos y cada uno de los servicios del sector”, sino solamente en una competencia intermodal.
