Aunque no quisieron pronunciarse oficialmente al respecto, representantes de ambas dependencias federales que participaron en la Quinta Asamblea del Foro Mundial de Medio Ambiente en Cancún, admitieron que el problema ha rebasado por completo la jurisdicción de plano ecológico.
Como prueba de esto, la Comisión Nacional Forestal dio a conocer que el tráfico de maderas preciosas hacia países asiáticos supera en el primer cuatrimestre del año la exportación legal en una proporción de 3 a 1.
La autoridad federal ha detectado que el saqueo en Campeche y Quintana Roo afecta principalmente las reservas de caoba.
Según la Conafor, por cada metro cúbico de caoba exportado legalmente salen otros 2 metros de manera ilegal por el puerto de Progreso, Yucatán. Este tipo de madera se cotiza hasta en 15 pesos el pie.
Se busca especialmente la caoba debido a que esta especie se trabaja con facilidad por su textura y color y se utiliza para fabricar muebles de lujo.
Con la sobreexplotación de la caoba no sólo se comete un delito, sino que se genera un ecocidio, porque los árboles de esta especie son de lento crecimiento. Para que puedan alcanzar su madurez reproductiva tienen que pasar al menos 50 años. Desafortunadamente la tala ilegal genera el corte de árboles jóvenes, lo cual ha encendido las alarmas en la Comisión Nacional Forestal, debido a que el tráfico de maderas preciosas se ha extendido a la frontera sur donde existen rutas y caminos clandestinos.
La conformación de la red
Datos oficiales sostienen que la operación del crimen organizado en el puerto de Manzanillo, Colima, se ha encarecido la exportación legal de maderas protegidas, lo que ha obligado a encontrar otros puntos de salida, como Progreso.
Conforme a los monitoreos de la Conafor, desde febrero pasado Progreso, Yucatán, se convirtió en la punta de lanza para el tráfico ilegal.
Los delincuentes observan el siguiente patrón: ubican la zona de tala ilegal, contratan a ejidatarios a quienes pagan desde mil hasta los 3 mil pesos por desmonte; posteriormente consiguen el traslado con autorizaciones falsas.
El mayor problema que enfrentan las autoridades, de acuerdo con el diagnóstico de la Conafor, es el hecho de que se han creado al menos 5 empresas fantasmas en la Península de Yucatán para la exportación de la madera a China, Taiwán y Malasia principalmente.
Estas empresas fantasmas son “avaladas” por la Profepa y Aduanas.
Actualmente la amenaza de tala clandestina de árboles abarca desde la zona fronteriza de Belice con Quintana Roo, pasa por Yucatán y se extiende por las zonas protegidas de Calakmul, Yum Balam y la Biosfera de Sian Ka’an.
Profepa involucrada en la red
En el circuito de la Península existen varios puntos de revisión antes de llegar a Yucatán, pero la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no tiene allí a ningún inspector.
Se trata de las casetas federales y estatales, donde los camiones que transportan la madera deben mostrar por obligatoriedad la remisión forestal original, así como la factura de pago al ejido donde se cortan los árboles.
Estos dos documentos en la mayoría de los casos son falsificados o bien son pasados por alto.
Se estima que el pago de la delincuencia organizada a los inspectores de la Profepa, cuando se los topan en sus traslados, alcanzan hasta los 20 mil pesos, con tal de que no hagan revisiones y dejen pasar los camiones hasta su destino final: el puerto de Progreso.
