México mantiene su condición como una economía con endebles capacidades para fomentar y proteger el libre mercado, de acuerdo con el Índice de Libertad Económica que elabora el Fraser Institute de Canadá, en el que ocupa el lugar 93 entre 157 países comparados, lo que significó un retroceso de dos peldaños en la edición del 2015 respecto de la edición previa.
En el reporte, desarrollado también por la Fundación Friedrich Naumann, califican a la libertad económica de México con 6.77 puntos, sobre 10 que era el máximo que podía haber alcanzado. Esta notación es la que ubicó al país en el comparativo mundial, por encima de Rusia (99), China (111), India (114) y Brasil (118), donde incluso aparecen países integrantes de los BRICS.
Pero con esta calificación, está por debajo de países cuyas políticas se aproximan más a un gobierno limitado, en el que se protegen los derechos de la propiedad y el acceso al dinero con valor asegurado, como Grecia (85); los africanos Tanzania (82); Zambia (79); Botswana (68); o los latinoamericanos y del Caribe: Uruguay (62); República Dominicana (57); El Salvador (55); Jamaica (42), Bahamas (37) y Chile (13).
En la presentación en México del reporte, el economista para Norteamérica en el Fraser Institute, José Torra, destacó que este año compararon las calificaciones de los países desde que comenzó la medición en 1970, donde se observa que México, con la calificación 6.77, se encuentra con la misma nota que tenía en el 2007.
Al respecto, Luis de la Calle, economista y director de la consultora De la Calle y Madrazo, refirió que uno de los principales males del país es la corrupción, cuya práctica está en muchas actividades en México, “que de alguna manera sustituye al gobierno y es equivalente a una expropiación”.
Agregó, que “la implementación de las reformas estructurales tendrá una mejora en el índice, en la medida que la implementación sea adecuada, se verá mejora en la libertad económica”.
En tanto, Estados Unidos está en el puesto 16, con una tendencia a la baja a partir del 2009. Esta trayectoria resulta de “una reducción del crecimiento de largo plazo —que bajó entre 1 y 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB)”— y la pérdida de competitividad del sistema tributario de aquel país.
