Durante un evento en la estación San Isidro, la comisión ministerial y el presidente Juan Carlos Varela explicaron los acuerdos para comprar la compañía de capital colombiano, que opera desde el año 2010. Lo definieron como ‘un acuerdo previo sobre los términos y condiciones del contrato’.
‘Es una operación que tomó más de diez meses de diálogo con los trabajadores y la empresa, pero buscamos un punto de convergencia’, afirmó Varela.
De los $49.7 millones, se desembolsarán $25 millones por el cien por ciento de las acciones, suma igual al capital aportado por la empresa al 30 de junio, y $24.7 millones en restitución de aportes adicionales realizados por los accionistas. Este pago se efectuará en pagarés en un plazo de hasta cuatro años.
El Gobierno asumirá una deuda bancaria que mantiene la empresa por $195 millones para la adquisición de la flota de buses.
El ministro consejero, Francisco Sierra, principal negociador gubernamental, explicó que ese monto es pagadero en hasta siete años con el flujo operativo de la empresa.
Hasta este punto, entre el pago y el traspaso de la deuda, suman $244.7 millones.
Sin embargo, el equipo gubernamental fue muy sigiloso para informar que también debe pagar unos $13 millones en prestaciones a operadores del metrobús y otros $3.2 millones en concepto de horas extras que no se pagó y reclaman desde finales de 2014
Los vendedores acordaron específicamente este martes ‘un convenio de transacción y finiquito’ que pone fin a las diferencias pasadas y futuras.
El ministro Sierra se refería a la demanda arbitral que presentó MiBus contra el Estado panameño en junio de 2014, por incumplimiento del contrato, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
El perfeccionamiento del contrato de compra-venta y sus componentes requiere la aprobación de la Contraloría y la Procuraduría General.
La transacción incluye tres fases: la firma formal del contrato inmediatamente recibidas las aprobaciones correspondientes (refrendo de la Contraloría y opinión favorable de la Procuraduría), la otra es el cierre financiero operativo y la última es el cierre final de la compra de las acciones, que se logra con el traspaso de esas acciones al Estado y se empiece a girar los pagarés.
Desde ayer, hasta que transcurran las tres fases anteriores, según Sierra, pueden transcurrir seis meses; es decir, marzo de 2016 Transporte Masivo de Panamá, S.A. será estatal y subsidiaria de Metro, S.A.
La empresa operará con continuidad laboral, financiera y legal, manteniendo las mismas condiciones contractuales con acreedores y proveedores. ‘En esencia, solo cambia a futuro de propiedad privada a propiedad del Estado’, dijo Sierra.
