Ya se presentaron al menos 140 amparos en contra de la reforma al régimen de consolidación fiscal por considerar inconstitucional la retroactividad que obliga a los grupos empresariales a pagar los impuestos diferidos del 2004 al 2009.
La última fecha considerada ideal para hacer uso de este recurso legal se venció el pasado 15 de febrero. Aunque todavía pueden hacerlo antes de la presentación de la declaración anual.
Fiscalistas estiman que la mayoría de las empresas que sigan bajo ese régimen -actualmente unos 450 corporativos tributan bajo este concepto- se van a amparar.
Y aunque el número de controversias será menor a los que se interpusieron en contra del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), la importancia radicará en el monto involucrado porque se trata de los grupos empresariales más grandes en el país.
Algunas empresas, como ICA y Cemex, ya comenzaron a dar a conocer el impacto que tendrá el reconocimiento del pago de ese impuesto, en tanto que otras optaron por la llamada desconsolidación, tal es el caso de Bimbo.
En el caso de ICA, el viernes pasado emitió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores para informar que este año desembolsará por consolidación fiscal 676 millones de pesos y para los próximos cinco años su pago estimado suma 2,703 millones de pesos.
En tanto, Cemex dijo que el impacto esperado por este concepto es de 799 millones de dólares.
Se espera que antes de que finalice febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dará a conocer las reglas para aplicar la reforma en consolidación fiscal mediante una resolución miscelánea.
IETU en Estados Unidos
Mientras tanto, los ejecutivos de finanzas del país advirtieron que sería catastrófico si Estados Unidos decide no reconocer el IETU.
Por lo que pidieron a las autoridades actuar antes de que eso ocurra. Las empresas trasnacionales resultarían sobregravadas colocando a México en una situación poca o nula en competitividad, afirmó el presidente del comité técnico nacional de estudios fiscales, Enrique Ramírez.
Estados Unidos hizo un pronunciamiento temporal, pero con la resolución de la Suprema Corte de Justicia da lugar a que no vaya a ser acreditable. “Si eso ocurre sería catastrófico”, sentenció.
Se deben reforzar leyes
El presidente del IMEF, Gustavo Rodarte, consideró necesario no esperar a que eso ocurra para forzar las leyes y sacar medidas de emergencia mal estructuradas como ha ocurrido últimamente.
“Es necesario pensar ya en una reforma fiscal y no actuar por presiones internacionales”, advirtió.
En ese sentido, Rodarte dio a conocer la postura técnica del IMEF para simplificar el esquema fiscal en donde prevalezca un solo gravamen.
Es decir, un solo impuesto directo que tome lo mejor del Impuesto Sobre la Renta y el IETU.
Aunque reconoció que el nuevo impuesto empresarial, al ser único, podría promover la inversión porque permite deducirlas.
“Lo que no se puede seguir haciendo es cambiar el esquema fiscal cada año e incorporar impuestos que se acumulen a otros provocando incertidumbre que aleja a los inversionistas”.
