En la última semana se implementaron cambios en el régimen de compras al exterior puerta a puerta (PaP). La anterior modificación del esquema aplicada en enero de 2014 buscaba reducir la salida de dólares. En ese entonces, se añadió un impuesto equivalente al 50% del monto de la compra y la obligación de llenar tediosos formularios (barrera arancelaria empleada por el gobierno anterior).Además, en línea con la política comercial reinante, se impidió la compra de productos que previo a su ingreso necesitaran la aprobación de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (textiles, calzados, juguetes, etc.).
Con la reciente modificación, las compras puerta a puerta serán más simples. No sólo se eliminó la restricción que recaía sobre algunos productos en particular, sino que además se amplió la cantidad de adquisiciones que una persona puede realizar por año (pasando de dos a cinco) y se fijó un nuevo tope de US$ 1.000 dólares por envío. Por último, se estableció un máximo de tres unidades del mismo artículo por compra, a fin de evitar operaciones con fines comerciales.
Si bien la nueva normativa fue bien recibida por parte de la sociedad, despertó dudas en los sectores cuya producción depende del mercado interno. Estos entienden que, en la medida que el régimen de compras puerta a puerta se expanda, sus ventas y producción podrían verse afectadas poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo.
Más allá de que los cambios que permite la nueva resolución no sean suficientemente profundos como para poner en riesgo real a las empresas de sectores como la electrónica o el textil (incluso si las compras puerta a puerta volvieran a niveles como el observado en 2012, máximo de la serie, no lograrían superar el 5% de las importaciones totales) la discusión pone de manifiesto la necesidad de establecer claramente qué tipo de política comercial se llevará adelante en los próximos años. Saber hacia dónde se dirige dicha inserción es relevantes para determinar qué pasará con la inversión y el empleo en los sectores que compiten con las importaciones.
Apertura comercial: trade offentre lucha contra la inflación y empleo
Una apertura indiscriminada de las importaciones ayudaría al gobierno en la lucha contra la inflación. La entrada de productos a bajo costo desde el extranjero actuaría como un freno real al poder de fijación de precios existente en mercados oligopólicos. A la vez, que el ingreso de mercancías a menor costo que las producidas internamente ayudaría a estabilizar el nivel de precios (si suponemos que los mismos son inflexibles a la baja).
Pero, una liberalización del comercio exterior sería nociva en términos de empleo y actividad. Imposibilitados de competir, diversos productores deberían cerrar sus puertas incrementándose la tasa de desocupación como sucedió durante la convertibilidad. Cabe destacar que, si bien parte de los trabajadores podría ser absorbido por otras actividades, difícilmente esto suceda para la totalidad de los mismos.
Asimismo, diversos emprendedores que hicieron inversiones en los últimos años proyectando una protección al mercado interno (ya sea por un tipo de cambio real competitivo o por medidas de administración del comercio) verían en peligro sus negocios, frenando cualquier tipo de aporte de capital.
La protección comercial implica un traspaso de recursos desde los consumidores (que se ven obligados a pagar un bien a un precio mayor al internacional) a los productores locales (generadores de empleo). Existe entonces un claro trade offentre empleo y nivel de precios (contracara del salario real)que cualquier gobierno debe manejar. La historia económica argentina muestra que ni la apertura indiscriminada ni el aislamiento internacional es la respuesta correcta a este dilema. ¿Podrá el gobierno electo romper el péndulo Argentino alcanzando una inserción comercial estratégica?
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