Industriales rechazan decreto de Manzanillo

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La Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen) no está conforme con el decreto 572-12, mediante el cual el presidente Danilo Medina revoca la dirección técnica y operacional de la Corporación Portuaria del Atlántico en el Puerto de Manzanillo.

Así lo dejó establecido la entidad empresarial por medio de su presidenta, Lina García, quien dijo que se trata de un proyecto que forma parte de la Estrategia Regional de Desarrollo, de integración de la industria y comercio, así como del fortalecimiento de las exportaciones.

Expresó confianza en la defensa que en su trayectoria política ha hecho el presidente Medina de la seguridad jurídica e institucionalidad.

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“Ha sido un rico proceso de inversión de la región”, expresó. García, quien fue reelecta a un nuevo período al frente de la Airen, consideró que es necesario que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) sean parte del barco que lleva los productos dominicanos hacia los mercados externos y no podrá haber una cultura exportadora si este subsector de la economía no es incorporado a los planes de competitividad.

En estos términos se expresó Lina García de Blasco, al asumir su tercer período como presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen), quien explicó que las Pymes constituyen la columna vertebral de la economía de la región norte y que por eso ven con beneplácito los anuncios hechos por el presidente Danilo Medina, que buscan favorecerlas.

“Financiamiento, innovación, inteligencia de mercado, encadenamientos productivos e incorporación a la seguridad social, son sólo algunos de los retos para este sector, y a los que deberán darse respuestas”, expresó.

Recomendó la implementación de un programa nacional que simplifique la formalización legal de las micro y pequeñas empresas, con un sistema de ventanilla única que centralice todos los procedimientos en un solo paso y a bajos costos; y la creación de las condiciones necesarias para que las Pymes se aprovechen de los beneficios que les ofrece la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, pues favorecerían su fortalecimiento.