En 35 años de vigencia, el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte “ha sido profundamente desfavorable para nuestro país; ahora se debe definir una agenda propia de renegociación con nuevas reglas de regulación de la inversión extranjera, y que elimine el trato privilegiado a trasnacionales”, alerta Jorge Alfonso Calderón Salazar, académico de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM.
“La firmeza en las posturas negociadoras permitirá la defensa de los intereses de México y de sus agricultores”, señaló Calderón Salazar.
El investigador de la UNAM sugirió cambiar la política económica y promover la diversificación de nuestras exportaciones para depender menos de Estados Unidos, fortalecer el mercado interno y renegociar el capítulo agropecuario del acuerdo.
En el análisis “El TLC y sus efectos en el sector agropecuario de México”, Calderón Salazar resaltó que la producción agrícola mexicana se desplomó por la competencia con agricultores de EU.
Hoy “casi 80 por ciento del arroz que consumimos en el país es importado, así como 31 por ciento del maíz, 65 por ciento del trigo, casi 40 por ciento de la carne de cerdo, 16 por ciento de la carne de aves y más del 16 por ciento de la leche”, subrayó el experto con datos del Cuarto Informe de Gobierno (2015-2016).
También hay un desplome del empleo en el sector: de 26 por ciento a la entrada del TLC, a una tasa de ocupación del 19 por ciento. “Millones de productores agrícolas han perdido sus empleos”, reclamó.
El experto mencionó que en cuanto a la inversión pública en el sector, a partir del año 2000, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, “se ha catalogado como inversión lo que en realidad ha sido gasto social compensatorio a la pobreza rural”.
En términos de infraestructura para el desarrollo rural –distritos de riego, construcción de presas y caminos, de crédito a la inversión productiva– la reducción de la inversión pública es significativa, expuso Jorge Calderón; “al salvo algunos enclaves tecnificados en sitios como Sinaloa y Sonora, ha habido una regresión en los niveles de modernización agropecuaria que ha reducido la productividad”, aseguró.
El académico alegó que “no basta una renegociación positiva del TLC, sino un incremento sustancial del crédito, inversión e infraestructura, y que el gobierno deje de catalogar el gasto social compensatorio de la pobreza como si fuera inversión pública en desarrollo rural.”
“Vienen tiempos difíciles. Se requerirán años de resistencia, lucha y esfuerzo, y de una nueva política económica para salir adelante”, explicó el economista.
Eduardo Pérez Haro, también académico de la , considera que para el gobierno de EU, la discusión sobre el TLCAN se centra en el sector de manufacturas y, en particular, en el sector automotriz.
“Éste representa 90 mil millones de dólares, alrededor del 23 por ciento del comercio exterior nacional, equivalente a los ingresos agregados por exportación de todo el sector agroalimentario, más las remesas, exportaciones petroleras e ingresos por turismo extranjero. Si el acuerdo se renegocia en contra de la economía mexicana, con el restablecimiento de aranceles como barreras al comercio exterior, eso terminará llevándonos a una condición recesiva, consideró”, dijo.
En tanto, el peso del sector agropecuario –fuerte en la exportación de jitomate y aguacate– es mínimo, representa el tres por ciento del producto nacional; no obstante, en el campo habitan 25 millones de mexicanos.
“El gran problema es que en 35 años de apertura comercial, México descuidó la economía nacional y la formación de capital, el desarrollo de capacidades de producción y de comercio, por apostar al comercio exterior con EU”, criticó.
Hoy, sostuvo, es importante atender la mesa de negociación con Donald Trump, pero lo es aún más prestar atención a la interna, para crear un acuerdo nacional alrededor de una política de desarrollo basada en el fortalecimiento de las capacidades de producción y comercio.
En 35 años no ha habido trabajo en infraestructura, tecnología, calificación de la mano de obra, organización de la producción, vinculación de mercados y estructuración del sistema financiero.
Se necesita la construcción de un nuevo acuerdo nacional para el desarrollo con inclusión social y responsabilidad frente a las futuras generaciones, insistió el universitario.
En el sector agrícola, explicó, el 70 por ciento de recursos públicos se desatina a 30 por ciento de los productores y viceversa; esto provoca una gran asimetría al interior de México, finalizaron.
