Diversas empresas del sector siderúrgico y otras altamente intensivas en el consumo de energía preparan amparos contra la Ley de Transición Energética (LTE), ya que consideran que los costos adicionales en que incurrirán sus abastecedores de electricidad se traducirán en pérdida de competitividad para sus negocios y por tanto, en mayores precios de manufacturas.
“Además de las afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) que desde enero pasado iniciaron el proceso para ampararse contra esta ley, hay muchas otras, sobre todo ubicadas en Monterrey, que optaron por no impugnar la ley en el momento de su publicación sino hasta que arranque la ejecución de sus ordenamientos, que será en el 2018”, explicó José A. Estandía, socio especializado en energía del despacho legal Jones Day en México.
En el 2018 se exigirá a todos los generadores de energía del país que 5% de su energía provenga de fuentes limpias o que compren certificados de energía limpia (CEL) equivalentes a este volumen.
Las empresas que mantienen su inconformidad argumentaron durante la discusión de la aprobación de esta ley que implicará un aumento importante en los costos de electricidad, además de que según ellos impondrá compromisos mucho mayores para México, a los que toman países como China y Estados Unidos, que contaminan más y tienen mayores industrias. Por tanto, consideraron que se deben diferir las metas de cumplimiento expresadas en el proyecto para el cumplimiento de la obligación de obtener certificados de energía limpia (CEL).
De ahí que en diciembre el Congreso añadió a la ley el transitorio 22 con que se retrasó la entrada en vigor del mercado de certificados de energía limpia hasta el 2022, ya que si bien la compraventa de estos instrumentos será obligatoria a partir del 2018, su precio podrá no ser determinado por la oferta y la demanda, sino que tendrá un techo de 60 Unidades de Inversión (Udis) por megawatt hora durante los primeros tres años. Aun así, la inconformidad prevalece.
