Modernizar el servicio de transporte de carga en Sinaloa ha sido un clamor de la iniciativa privada por décadas; sin embargo, el modelo monopólico que denuncia la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en su dictamen del pasado 16 de agosto ha permanecido intacto desde finales de los años 70, centrado básicamente en un grupo de sindicatos priistas, merced al control que desde entonces ejerce el exgobernador de dicha entidad Juan Millán Lizárraga, aseguró el diputado federal independiente por el V Distrito de Sinaloa, Manuel Clouthier Carrillo.
Como lo documentó El Economista, la Cofece emitió un dictamen preliminar en el que se menciona que la actual Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa (LTTES) restringe la competencia, propicia las prácticas monopólicas, impide el crecimiento potencial de la entidad y prohíja conflictos de interés, al detectarse que “el titular de la Dirección de Vialidad (y Transportes de la entidad, Domingo Ramírez Armenta) es al mismo tiempo regulador y permisionario”.
Cabe mencionar que el dictamen preliminar de la Cofece aparece en el contexto de la discusión de la iniciativa de ley de movilidad y tránsito terrestre, que se discute en el seno del Congreso local, y que de aprobarse como está propuesta, sería una ley todavía más anticompetitiva, afirma Clouthier Carrillo, pues no sólo deja intacto el modelo monopólico vigente del servicio de transporte de carga, sino que pretende regular los estacionamientos “como extensiones de la vía pública”.
Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, manifiesta que conoce los términos del dictamen pero que aún no le ha llegado oficialmente la notificación de la Cofece. Al ser cuestionado sobre el supuesto conflicto de interés de su director de Vialidad, se limitó a responder: “Vamos a hacer todo lo que le convenga a Sinaloa para hacer (de él) un estado competitivo.”
Clouthier Carrillo agregó que este pronunciamiento de la Cofece da la posibilidad de abrir el modelo y cambiar las cosas “a golpes de litigio”; es decir, que los argumentos de la Cofece podrán convertirse eventualmente en argumento de los afectados frente a las instancias judiciales. “Ya no basta el pronunciamiento político, la lucha debe ser también jurídica”, aseguró.
El diputado cita un estudio del McKinsey Global Institute titulado “Construyendo ciudades competitivas”, en el que se resalta que uno de los indicadores de competitividad y crecimiento económico es justamente el que se refiere al transporte.
El legislador urgió a la modernización del transporte en el estado, y no sólo al que se refiere a carga, sino también al transporte urbano, que opera con los mismos estándares y donde “se advierte ya la participación del crimen organizado en actividades de lavado de dinero”.
Ese tema no se discute
Por su parte, la diputada local Imelda Castro, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso estatal, coincidió en que se trata de un conflicto social muy añejo —por lo menos 25 años—y que tanto su partido, el PRD, como los organismos empresariales han impulsado varias iniciativas para “liberar” el transporte de carga en Sinaloa, pero todas han sido desoídas y congeladas. “Éste es un tema que no se habla y no se discute en Sinaloa”. Y añadió: “Todas las iniciativas han sido congeladas porque en el fondo es un tema que tiene implicaciones político-electorales. Todas las alianzas del transporte están ligadas al PRI, por lo tanto a los procesos electorales. Son las alianzas (de los transportistas) un brazo corporativo del PRI”.
La legisladora lamentó que la Legislatura que está por concluir ya no podrá sacar adelante una reforma en la materia, pero que la siguiente tendrá la responsabilidad de hacerlo para volver a Sinaloa un estado más competitivo.
La Cofece expone que uno de los sectores más afectados es el agrícola; sin embargo, el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), Jesús Robles Gámez, no ha dado a conocer su posición.
