El presente documento tiene como fin estimar los efectos y precisar algunas de las oportunidades que derivarían para México en cuanto a las nuevas tendencias de protección en materia de propiedad intelectual. A grandes rasgos, dichas tendencias se refieren a la publicación reciente de legislaciones estatales en los Estados Unidos que establecen sanciones al uso no autorizado de tecnologías de información, considerado como un acto de competencia desleal.
Dentro de los ejemplos más destacados de dichas tendencias se encuentra la Ley de Competencia Desleal del Estado de Washington (UCA por sus siglas en inglés) aprobada en al año 2011, (State of Washington Constitution, 2011), la cual fue seguida por una legislación muy similar en el estado de Luisiana.
Estas nuevas leyes afectan de manera directa las exportaciones mexicanas. Por ejemplo, la UCA permite demandar a un fabricante que produzca un artículo o producto para la venta en el Estado de Washington y utilice tecnología de la información hurtada o indebidamente apropiada en sus operaciones de negocio. Independientemente de dónde se encuentre el fabricante en el mundo, si su tecnología es utilizada sin la autorización de su titular o en violación a derechos de autor o derechos sobre marcas. Lo anterior en un caso extremo podría prohibir la venta de dicho producto en el Estado de Washington.
Lo anterior resulta de particular relevancia para México no sólo por su relación comercial con los Estados Unidos, sino porque el 24.6% de su Producto Interno Bruto depende de las exportaciones hacia este país. De convertirse esta ley en una ley nacional, el impacto para la economía mexicana podría ser de hasta 4% del PIB y podría representar una pérdida de 500 mil empleos, en el peor escenario. Lo anterior ocurriría en un escenario en que los productores mexicanos de manufacturas no tomaran las previsiones adecuadas en materia de protección a la propiedad intelectual y se restringiera la comercialización de sus productos en Estados Unidos.
México cuenta con una alta tasa de uso de software ilegal, estimada en un 57%, lo que representa pérdidas anuales superiores a los 1200 millones de dólares (Business Software Alliance, 2012). Sin embargo, de acuerdo con estimaciones del IMCO, regularizar esta situación no sería costoso para el sector exportador. Por ejemplo, se estima que para regularizar el software ilegal en el sector automotriz, el gasto podría representar cerca del 0.77% de sus costos totales de producción actuales, mientras que para la industria electrónica dicho costo sería de 0.02%.
Sin embargo, si las exportaciones de ciertos productos mexicanos fueran restringidas en el territorio americano para su comercialización, México estaría perdiendo terreno frente a sus competidores. En el caso del sector automotriz, por ejemplo, si México se tardará diez años en disminuir su tasa de software ilegal a cifras cercanas a EUA, pasaríamos de ser el primer exportador al mercado norteamericano al tercero. Esto podría tener un costo en la industria de 300 mil millones de pesos y cerca de 25 mil empleos.
Aunque este tipo de legislaciones busca proteger la propiedad intelectual, de manera indirecta podría también detonar el crecimiento en el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), uno de los sectores industriales del país con mayores ventajas comparativas de acuerdo a la metodología GIFF (IMCO, 2012). Por ejemplo, si México, disminuyera su tasa de software ilegal de 57% a 19% (la tasa actual de Estados Unidos), entonces la industria podría generar 80 mil millones de pesos adicionales y crear 18 mil nuevos empleos en cinco años.
La conclusión de este estudio es que existe la posibilidad que la falta de respeto a los derechos de propiedad intelectual tenga un costo alto para la economía mexicana. El dinamismo del sector de exportaciones se podría ver gravemente afectado por restricciones a la exportación a Estados Unidos y la pérdida de mercado frente a sus competidores. Al contrastar estos problemas con el bajo costo de regularizar el uso de software sin licencia, se vuelve evidente la implantación de políticas públicas que promuevan un mayor respeto a la propiedad intelectual.
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