En una nota enviada al fiscal Díaz Verón el pasado 4 de julio, el titular aduanero indicó al fiscal general la necesidad de instalar un protocolo o procedimiento que sea interinstitucional, a fin de que se tenga un manejo claro y consensuado entre ambas entidades sobre las mercaderías que ingresan al país por zona aduanera y sobre las que se abren investigaciones fiscales ante supuestos hechos de falsificación.
Este pedido de Valiente obedece principalmente a un episodio en el que, de nuevo, el Poder Judicial pasó por alto la gestión aduanera y entregó una importante carga de perfumes a la empresa importadora.
En este caso, se trata de un cargamento que ingresó al Paraguay a mediados del año pasado y que estaba retenido en la Aduana de Ceregral, en Fernando de la Mora.
Las mercaderías que estaban en esta partida llegaron a nombre de la firma Bega Import Export, de Ciudad del Este.
La entrega del cargamento fue ordenado por la abogada Blanca Rojas de Brítez, jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Lorenzo, que emitió, el pasado 5 de mayo, la resolución Nº 451 que obligó a la Aduana a entregar las mercaderías a la empresa Bega Import Export.
Como el cargamento estaba bajo custodio fiscal, el cargamento nunca fue despachado. Se estableció una suma consignada judicialmente de G. 64 millones, en carácter de “garantía” por el tributo que se tenía que pagar, en caso de que estos productos fueran entregados.
Sin embargo, desde la Aduana confirmaron a La Nación que resulta imposible determinar cuánto es lo que se tenía que pagar en impuestos por esta carga, ya que la misma nunca se despachó.
Según los antecedentes, la carga estaba siendo investigada porque supuestamente tenía productos falsificados. A solicitud de la fiscalía de la Unidad Nº 3, Nancy Salomón -que estaba al frente de la investigación- el cargamento fue enviado hasta el depósito fiscal más cercano.
El contenedor traía perfumes, cremas, cremas perfumadas, de diferentes marcas, varias de ellas muy conocidas en nuestro medio.
En efecto, Bega Import Export (cuyo directorio integran Denis Vera, Rolando Galeano y Hamy Safia) es una conocida importadora de este tipo de mercaderías, ya que cuenta con una inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le permite importar perfumes y afines sin tener registro sanitario, un requisito que es exigido desde diciembre del 2014 mediante el Decreto 2.881.
En el documento enviado al fiscal general, Valiente explica a Díaz Verón que no existe impedimento desde la Aduana para que los fiscales trabajen investigando sobre posibles hechos punibles contra la propiedad marcaria en productos que ingresan al mercado paraguayo, pero que no hay ninguna necesidad de trasladar las mercaderías de la zona primaria aduanera.
El titular aduanero señala además que, si la carga debe ser llevada indefectiblemente a un depósito fiscal, entonces la Aduana debe primero hacer el despacho de la misma, a fin de asegurarse tener el valor del cargamento y qué tipo de mercaderías es lo que se está introduciendo al territorio local.
“Hecho de extrema gravedad”
“El efecto directo por estas desatinadas medidas es que las mercaderías que no podían ser desaduanizadas (despachadas), porque no cumplían con los requisitos exigidos en el Decreto 2.881, fueron totalmente retiradas por la
Fiscalía y luego, por orden judicial, entregadas directamente a la firma importadora sin que se procese el despacho correspondiente, sin que se abonen los tributos al fisco y sin que sea emitido el permiso sanitario de la dependencia responsable del
Ministerio de Salud, por lo que lo acontecido se considera un hecho de extrema gravedad, que nos obliga a adoptar medidas correctivas necesarias para que en lo sucesivo no vuelva a suceder”, expresa la nota enviada por Valiente a la Fiscalía.
No es la primera vez que empresas de Ciudad del Este consiguen, mediante medidas judiciales, ingresar sus mercaderías sin cumplir con los requisitos que sí son exigidos a otras empresas.
Además de Bega Import Export, otras empresas que tienen la inconstitucionalidad son Thompson INTL (de Benjamín Garay) mientras que el año pasado, la firma Pole SA, en cuyo directorio figura Reinaldo Darío Poletti Torres -sobrino del actual miembro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Torres Kirmser- también solicitó ser beneficiado con esta medida.
Desde diciembre del 2014, la importación de perfumes y cosméticos a Paraguay empezó a regirse por el Decreto 2.881, que establece como uno de los requisitos fundamentales tener un registro sanitario como importador.
Este registro tiene que estar habilitado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) del Ministerio de Salud y sin este documento, está prohibido el ingreso de perfumes y afines al mercado paraguayo. Sin embargo, la Corte Suprema, mediante sus inconstitucionalidades, sigue permitiendo que un par de firmas sean beneficiadas.
