La Unión Nacional de Cañeros manifestó su preocupación y rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley del IEPS, que impondría un impuesto adicional de 20% a las aguas mineralizadas, refrescos, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores.
El presidente de la organización, Carlos Blackaller Ayala, indicó que con ello se pondría en riesgo el patrimonio de alrededor de 12 millones de personas que viven en los 227 municipios cañeros en 15 estados de la República.
Asimismo, estarían en peligro de perderse los 2.5 millones de empleos directos e indirectos que esta agroindustria genera en el país, expuso.
El dirigente previó que en caso de que prospere la iniciativa la industria refresquera estaría en la disyuntiva de trasladar el costo del impuesto al consumidor o en su defecto, procurar insumos de precio inferior que acentuarían el problema de la obesidad, como lo demuestran pruebas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Según explicó, tales estudios científicos señalan que el jarabe de fructosa o bien, los edulcorantes artificiales, ocasionan la acumulación de grasa en el organismo de los seres vivos.
En este contexto, Blackaller Ayala hizo un llamado a los legisladores para que rechacen dicha iniciativa y se evite mayor daño económico al agro nacional.
Aseguró que los productores de caña enfrentan una caída de 30% en sus ingresos, que implica 8,000 millones de pesos que los más de 170,000 cañeros no percibirán en su ingreso.
“Las señoras y señores legisladores deberían exigir al gobierno medidas que promuevan la actividad física, educación para un consumo responsable y una dieta equilibrada para todos los mexicanos” y no la aplicación del gravamen, argumentó.
Insistió en que imponer 20% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos no necesariamente evitará problemas de obesidad y diabetes en la población mexicana, ya que existen varios factores socioculturales que también inciden en forma directa.
“De acuerdo con nuestras estimaciones, la medida significaría que la industria refresquera deje de utilizar alrededor de 500,000 toneladas de azúcar de caña para la elaboración de los refrescos”.
Ello, continuó, se traduciría en una afectación a poco más de 9.0% de la producción nacional de caña de azúcar, con sus implicaciones socioeconómicas.
Por lo anterior, el líder de los cañeros calificó de imprudente la medida propuesta por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Peimbert, toda vez que será muy difícil que los mexicanos dejen de consumir refrescos.
