En México, existen 30 APIs donde hay un total de 60 puertos y 17 terminales; del total de las APIs, 16 son federales, 6 son estatales, 3 administradas por FONATUR, 4 municipales y una privada (Acapulco, por TMM), es decir, la capacidad de apoderarse de dichas instancias por parte de las autoridades prevalece, pero ya es tiempo, como lo dicen los usuarios, de que se reformule la participación de las API en el concierto del comercio marítimo.
Durante el XVIII Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), se alzó la voz para poner en la discusión la posibilidad de privatizar las API. Para algunos es el momento de trasladar a la iniciativa privada su conducción, como lo afirmó Javier Altamirano, presidente de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), quien durante su participación cuestionó a los panelistas que discutían la “perspectiva de los puertos mexicanos en el comercio exterior”.
“La inversión privada es necesaria, pero también es indispensable la certidumbre jurídica para esas inversiones, por eso es que es indispensable pensar ya en la posibilidad de pasar la conducción de las API a los privados”.
El objetivo esencial es que con la descentralización de las administraciones portuarias, se promueva la participación de la iniciativa privada en la construcción, operación y prestación de los servicios portuarios, como lo explicó Ángel González Rul, quien fuera director general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Para el ahora consultor, se debe “reasignar” los 40 puertos que administra directamente la SCT al sector privado o al sector público estatal o municipal, ya que esto, aseguró, conlleva importantes beneficios, entre ellos, la participación de las entidades locales y particulares en una administración eficiente de recintos portuarios; los usuarios reciben servicios eficientes, oportunos y seguros; las tres instancias de gobierno perciben los productos derivados del desarrollo regional; y se avanza en el aprovechamiento sustentable de las instalaciones portuarias.
Consideró, además, que esto generaría autonomía de gestión y financiera, fortalecimiento de la planeación de las inversiones, conformación de un fondo de reserva para obras en puertos menores, fortalecimiento de su gestión comercial orientada a las cadenas de transporte y logística, mayor vinculación entre el desarrollo del puerto y la región, mayor promoción de la competencia intra e interportuaria, abatimiento de la rotación del personal en APIs y menor politización en los cargos, asegurando un perfil para directores Generales y Gerentes.
Habrá que esperar una reacción inmediata de las autoridades, pues se atentaría en contra de uno de los mayores negocios de funcionarios y políticos.
