El comercio internacional en el siglo XXI es cada vez más complejo. Los fabricantes y distribuidores mundiales están exigiendo a sus proveedores cumplir con lo que se les ha llamado los estándares privados. Estos abarcan disposiciones sociales, medioambientales y de seguridad no obligatorias, pero imprescindibles para participar en las cadenas de suministro global que suponen un esfuerzo enorme para los pequeños productores y exportadores de las pequeñas economías en desarrollo y como resultado, corren el riesgo de ser excluidos de los mercados internacionales de alto valor.
Los requerimientos de algunas empresas a veces son más estrictos que las normas que han sido acordadas internacionalmente. Estas normas se crearon como medidas para que, en especial los consumidores de productos agropecuarios, tuvieran más confianza, luego del surgimiento de las crisis como el de las vacas locas, la influenza aviar, la fiebre aftosa, etcétera.
Los estándares privados son acuerdos entre la parte compradora y la vendedora, impulsadas por empresas que las establecieron principalmente para el caso de los alimentos y aunque es una iniciativa voluntaria en muchas ocasiones tienen un mayor peso al de las normas que han sido consensuadas internacionalmente.
Si bien no son jurídicamente vinculantes desde el punto de vista de la regulación gubernamental, en la práctica no acaban de aumentar los casos en que normas privadas de carácter voluntario resultan obligatorias por el poder que tienen en los mercados las grandes empresas e importadores que operan mundialmente. Cada uno de estos estándares tiene objetivos propios, alcance, ventajas y limitaciones que hace difícil un tratamiento homogéneo de esta categoría.
Desde la perspectiva de la empresa, los estándares privados y la certificación pueden servir como mecanismos para asegurar la salud y la calidad, pero también representa un tema de preocupación ya que pueden hacer la vida difícil para los pequeños proveedores, debido al costo asociado con la certificación de un estándar exigido, además que fácilmente pueden convertirse en barreras proteccionistas ya que estas normas rara vez se establecen de forma participativa, transparente y basados en la evidencia científica.
No obstante, también pueden facilitar en algunos aspectos la trazabilidad, la estandarización de los productos a proveedores internacionales, y la transparencia de los procesos de producción.
Al no haber disciplinas internacionales, se corre el riesgo de que se adopten y apliquen normas y reglamentos técnicos con el único objeto de proteger a la producción nacional. Los requerimientos privados no deberán provocar más efectos restrictivos al comercio que los necesarios para alcanzar ese objetivo legítimo.
Para el caso de los productos de exportación es necesario la contratación de empresas certificadoras acreditadas que testifiquen el cumplimiento de las normas privadas voluntarias.
El incremento de los costos por las certificaciones con sus respectivas dificultades de cumplimiento para pequeños productores, confusión entre normas públicas y privadas, la obligatoriedad por ser exigidas por los principales compradores y la necesidad de las actualizaciones condiciona el acceso de los mercados.
Si bien cumplir con los estándares privados no garantiza el ingreso a los mercados, estos son indispensables para obtener el acceso a los mercados internacionales.
Las nuevas exigencias en materia de seguridad, las normas privadas de calidad, las buenas prácticas y el cambio climático son inherentes a la nueva competitividad, pero que sin un enfoque multilateral adecuado pueden transformarse en barreras proteccionistas.
