La Paz, Baja California Sur.- Se comprometen el poder Legislativo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a poner fin de una vez por todas al recrudecido conflicto de tipo legal entre Baja Ferries y la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS), solicitándole a la Coordinación General de Puertos de la SCT y a Marina Mercante, definan si es legal o no la controvertida tarifa de Acceso a la Terminal Portuaria (ATP), que trascendió, no se cobra en ningún otro puerto del país.
En reunión que sostuvieron integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado con el director del Centro Operativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Carlos Lascurain Ochoa, el diputado Carlos Castro Ceseña sostuvo que este es un asunto de legalidad y no de voluntades, y con el fin de evitar que la entidad vaya a ser víctima de un probable desabasto ante la incertidumbre que conlleva este conflicto, buscan abonar a la solución de este problema que implica hasta demandas de tipo penal y mercantil de parte de la naviera.
Esto, debido a que la empresa naviera, Baja Ferries, transporta 2 millones de toneladas de mercancía en los barcos de California Star y Mazatlán Star y que abastecen el 70 % de los productos que ingresan por el puerto de Pichilingue de diversos puntos del interior del país, además de turistas y vehículos.
Lascurain Ochoa, director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California Sur, se comprometió ante el Congreso local a buscar la intervención de la Dirección de Puertos y Marina Mercante para definir las reglas de operación en el polémico cobro de la tarifa de pesaje Acceso a la Terminal Portuaria (ATP) en el puerto de Pichilingue.
El funcionario de la SCT fue convocado por el poder Legislativo estatal para hablar sobre el conflicto entre el estado y la empresa naviera Baja Ferries por el cobro de esa tarifa por parte de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API-BCS), que ha provocado caos e inconformidad de empresarios, transportistas y visitantes.
Cabe señalar que ayer, el juez federal de la ciudad de México, Guillermo Campos Osorio, desechó la demanda mercantil promovida por Baja Ferries en contra de la SCT por el supuesto pago indebido de tarifas de acceso al puerto de Pichilingue.
El juez décimo segundo de distrito en materia civil, consideró el 6 de este mes que la demanda es improcedente ya que no se trata de una controversia mercantil, sino civil, la naviera eligió la vía equivocada en el reclamo del reintegro de 98.7 millones de pesos que pagó entre 2003 y 2010 a la APIBCS y que según no debió ser cobrado.
A dicha cantidad se reduciría el 5 % que la empresa debe pagar a la naviera a la SCT, como contraprestación por su título de concesión, en caso de que la APIBCS demuestre durante el juicio que canalizó el dinero a la dependencia federal; Baja Ferries apeló tal resolución, por lo que el tribunal unitario de circuito revisará si fue correcto o no, desechar la demanda.
Asimismo, Baja Ferries también presentó denuncia de tipo penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por fraude contra APIBCS por cobros indebidos-que afirma-no están contemplados por la SCT y porque nada más en Baja California Sur se cobran.
La naviera sostiene que el pago es voluntario y que no requiere el pesaje, que el servicio amparado por el Acceso a la Terminal (ATP), porque sus barcos cuentan con nivelación automática por computadora.
