¿Cómo tratarían las autoridades de EE.UU un caso de lesiones en su territorio? Eso depende de cada estado norteamericano, en el caso particular de Arizona se pretende que los choferes que participan en el programa de transporte transfronterizo estén asegurados en los servicios médicos de EE.UU. (Worker’s Compensation), lo que implicaría un doble trámite y doble costo para las empresas mexicanas porque ya están pagando el IMSS en territorio nacional, lo que se traduce en un gasto estratosférico.
Esta decisión surgió a partir del accidente de un chofer mexicano el pasado 30 de abril de 2010, cuando el trabajador que transportaba diesel de Phoenix, Arizona a Nogales, Sonora, se quedó dormido mientras conducía y sufrió un accidente.
El chofer se atendió en el IMSS, pero al saber que podía reclamar los honorarios y gastos médicos a la Comisión Industrial of Arizona (ICA, por sus siglas en inglés) se aprovechó de esta situación y presentó ante esa Comisión una factura apócrifa de un médico particular mexicano por 17 mil dólares, obligando el ICA a la empresa transportista mexicana a pagar esa cantidad. La gravedad oculta de esta situación es que el ICA acepta cualquier factura o recibo médico, lo que puede generar acciones fraudulentas por parte de los empleados mexicanos que cruzan al estado de Arizona y que pretendan obtener dinero de la Comisión con facturas falsas de médicos mexicanos.
Posterior a este evento, Arizona puso en vigor una ley a partir del 13 de septiembre de 2013, la cual permite la indemnización total de un trabajador que presente una reclamación por lesiones en ese estado y otro país por la misma lesión, sin embargo, esta decisión va en detrimento de las empresas y del propio sistema de seguridad social en ambos países al someter a el pago doble de una indemnización.
Arizona exige injustamente este doble pago, un aspecto que no está contemplado en el TLCAN, a todas luces arbitrario y que ejerce mayor presión a las empresas transportistas mexicanas.
Actualmente dicho caso se encuentra en los Tribunales de Arizona, y aunque esta ley entró en vigor en 2013 la Corte del Estado de Arizona está por resolver si le pagará esa cantidad al chofer; lo que sí es un hecho es que Arizona exige actualmente Worker’s Compensation a las empresas transportistas que se internen en ese estado, violentando con ello lo que estipula el TLCAN.
