De acuerdo con asistentes a la reunión, el subprocurador Monroy García les presentó, al grupo de comerciantes y transportistas, el expediente fotográfico del personal a su cargo, pero los denunciantes no reconocieron a ninguno.
Ambas partes acordaron una segunda reunión para el próximo martes. Ahí los denunciantes decidirán si interponen o no una denuncia penal por los hechos que denuncian.
De acuerdo con la información proporcionada, las fotografías de funcionarios del gobierno estatal hasta municipal les fueron presentadas y no hubo reconocimientos.
Sin embargo, el grupo de comerciantes y transportistas que enviaron una carta al gobernador de Michoacán, Salvador Jara, al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, y al procurador estatal, José Martín Godoy, para denunciar que policías ministeriales -que presuntamente fueron enviados del Estado de México de apoyo- les piden cuotas de hasta 500,000 pesos, reiteraron ante el subprocurador regional que han sido víctimas de extorsiones por parte de policías ministeriales de la Procuraduría estatal.
LA DENUNCIA
El Economista dio a conocer que integrantes de la Cámara de Abogados del municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, denuncian que agentes del Ministerio Público de la zona, provenientes del Estado de México, a los pocos meses de su llegada extorsionan a comerciantes y transportistas, además de realizar cateos sin una orden judicial, y les piden a los transportistas hasta 500,000 pesos para liberar los patios asegurados.
Detallaron que desde hace unos meses, ya con la presencia de Alfredo Castillo como comisionado federal en Michoacán, llegaron los nuevos agentes ministeriales -entre ellos los presuntos extorsionadores Israel Domínguez Flores, Marco Antonio Samat Cuéllar, un comandante de apellido Cabañas-, quienes les han dejado saber que vienen del Estado de México.
Denuncian que estos agentes están bajo las órdenes del subprocurador regional José Juan Monroy García, quien fue director general de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cuando Alfredo Castillo era el titular.
LA CARTA
Por separado, los transportistas michoacanos enviaron el lunes pasado la carta a las autoridades federales y estatales de Michoacán, donde detallan la extorsión y piden apoyo para “evitar que sigan violentando los derechos y las garantías fundamentales de la sociedad en general y en particular de los transportistas del servicio público en diversas modalidades”, dice el texto.
Exponen que “desde hace aproximadamente dos semanas venimos siendo víctimas de algunas personas que se ostentan como policías ministeriales de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes sin mandamiento judicial ministerial o de autoridad alguna, allanan domicilios, talleres, bodegas, para privarnos de nuestros derechos, posesiones y propiedades de vehículos automotores, camiones de volteo, chasís, portacontenedores (…) bajo el argumento de tener reporte de robo y como consecuencia pedir a sus propietarios o poseedores sumas de dinero a cambio de no privarlos de su libertad y ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente”.
A decir de los denunciantes, esta situación se ha traducido en “un grave temor, psicosis y angustia, provocada por la forma como se conducen algunos policías en estos casos”.
Por ello, solicitan que “corrijan el inadecuado actuar” de los supuestos policías ministeriales, pues exponen que actualmente ellos y sus familias viven con temor a represalias.
