Finalmente Grupo México se decidió a actuar. En principio se había aceptado el fallo dado por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo el pasado 30 de Noviembre, a favor de la empresa filipina International Container Terminal Services (ICTS), quien después de haber recibido la aprobación de su oferta técnica, en la apertura de la oferta económica por la Terminal Especializada de Contenedores (TEC) número II de ese puerto, superó por siete millones de pesos a su único rival, quien hoy impugna el fallo.
MÉXICO, DF., 11 de enero, 2010.- Finalmente Grupo México se decidió a actuar. En principio se había aceptado el fallo dado por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo el pasado 30 de Noviembre, a favor de la empresa filipina International Container Terminal Services (ICTS), quien después de haber recibido la aprobación de su oferta técnica, en la apertura de la oferta económica por la Terminal Especializada de Contenedores (TEC) número II de ese puerto, superó por siete millones de pesos a su único rival, quien hoy impugna el fallo.
Grupo México había obtenido su principal triunfo en la obtención del permiso de la Comisión Federal de Competencia para participar en ese proceso de licitación, una estación que se antojaba muy difícil de transitar dados los antecedentes en la relación que esta dependencia ha tenido con la empresa que controla a Ferromex y Ferrosur, dos de los tres ferrocarriles troncales que existen en México y por cuya alianza la Comisión impuso el verano pasado la multa más alta que a la fecha no ha sido pagada (31.5 millones de dólares), y la orden de desvincular operaciones de los dos ferrocarriles. Por eso, para muchos, la calificación de las ofertas técnica y económica, resultaban para este grupo un trámite menor en la competencia por la concesión de la TEC, para un grupo económicamente muy sólido; y que además, tenía el beneficio de integrar verticalmente el negocio de la operación portuaria con el servicio del ferrocarril desde Manzanillo.
Pero, el pasado 30 de Noviembre la oferta del grupo filipino dio al traste con las aspiraciones que Grupo México tenía. Los asesores legales aconsejaron inmediatamente impugnar el proceso pero los altos mandos lo rechazaron.
No fue sino después de conocer la serie de errores y omisiones cometidos por ICTS en el concurso, y de los cuales dio cuenta un equipo de seis abogados de Grupo México que trabajó durante diciembre para estudiar y analizar con detalle las ofertas del grupo ganador, que se convenció a los altos mandos de impugnar la licitación más importante que en materia de inversión portuaria se ha llevado a cabo en lo que va de este sexenio. El grupo de profesionales legales encontró que al menos existieron 20 elementos por los cuales debió la API descalificar a ICTS, e “incomprensiblemente” no se actuó.
Entre algunos de los elementos irregulares que se señalan y que constituyen violaciones a las bases de licitación, destaca el incumplimiento de entregar la oferta técnica en tres sobres sellados, uno marcando el documento original y los otros dos indicando las copias solicitadas, así como un cuarto sobre, conteniendo la oferta económica. ICTS entregó sólo dos en la ceremonia realizada ex profeso.
Otros elementos son las inconsistencias que tienen la propuesta económica, y la técnica, “como si hubiera sido una copia de otro proceso de licitación y que sólo buscó adaptarse, pero se hizo mal”.
Esos, y otros más de fondo, son elementos contenidos como base de la impugnación del proceso que en las próximas semanas se podrán conocer con más amplitud.
Lo más lamentable de todo esto, es que después de tanta experiencia obtenida de procesos de licitación anteriores, a estas alturas todavía no seamos capaces de llevar de principio a fin un proceso de licitación exento de cualquier dejo de sospecha o duda para los inversionistas participantes.
Hay que recordar, como ya lo habíamos señalado aquí en su momento, la falta de transparencia que existió en este proceso, al grado que para los medios no hubo información oficial en forma abierta y puntual en las distintas etapas que se tuvieron, lo cual, prohijó aún más dudas.
El daño principal, desde luego, es para el país porque se detienen proyectos de inversión e inexplicablemente, casi siempre no existen responsables que sean sancionados por los ingentes costos que esto tiene para la economía nacional.
