Un grupo de 37 países, entre ellos México, difundió ayer el texto del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), en el cual se comprometen a implementar un conjunto de nuevas medidas para combatir la piratería y la falsificación, y a cooperar entre sí con ese propósito.
Beatriz Leycegui, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, afirmó que el acuerdo le permitirá a México colocarse a la “vanguardia” en el combate de esos ilícitos y será un “incentivo” para que las empresas mexicanas inviertan en investigación y desarrollo.
El ACTA comprende tanto disposiciones para enfrentar con mayor eficiencia el comercio internacional de productos piratas y falsos, como para atacar su producción al interior de cada una de las economías que forman parte del mismo.
China, el gran ausente
Con China como el gran ausente, las negociaciones del ACTA fueron concluidas el pasado sábado 2 de octubre por los 27 países de la Unión Europea, México, Marruecos, Estados Unidos, Japón, Canadá, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur y Singapur.
Las aduanas compartirán información para detectar cargamentos de productos que violen los derechos de propiedad. Para ello, las empresas interesadas deberán anticipar el destino de sus exportaciones y si se detecta mercancía no autorizada por ellas, las autoridades del país de origen deberán castigar a los infractores.
Una vez que se detecte una importación de productos ilegales, a través de las denominadas bases marcarias, los supervisores de las aduanas en México deberán informar a un juez, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o a la Procuraduría General de la república (PGR).
Texto base no se podrá modificar
Jorge Amigo, director general del IMPI, dijo que el texto negociado ya no podrá ser modificado, de modo que el Senado de la República deberá aprobarlo o rechazarlo tal como está.
En las negociaciones se había planteado que las compañías proveedoras de Internet estarían obligadas a cortar el acceso a los usuarios que violaran los derechos de propiedad, lo que tendría implicaciones fuertes para plataformas como YouTube y Facebook, o para empresas como AT&T o Verizon Communications, en donde muchos de estos comercializadores se anuncian.
Pero en el texto final sólo se plantea que los países “deberán tomar acciones efectivas” contra actos de violación de derechos de propiedad intelectual.
Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el comercio global de productos piratas sumó 250,000 millones de dólares en el 2007, desde un estimado de 100,000 millones en el 2000.
