Con el objetivo de examinar e impulsar medidas conjuntas tendientes a la protección de derechos de propiedad intelectual aplicables en frontera, se reunieron ayer en la sede aduanera el director de Aduanas, Javier Contreras; el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla; el director de la Propiedad Intelectual, Carlos Alcaraz, y el coordinador de la Unidad Técnica Especializada (UTE), Félix Cruz.
Además de estos, concurrieron al encuentro el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Carlos Arregui, y la agente fiscal de Propiedad Intelectual, Soledad Quiñónez.
De dicha reunión y luego del análisis de la situación planteada en Ciudad del Este, sobre el caso de los contenedores de celulares retenidos en la aduana del Este, se acordó realizar fuertes controles en frontera para evitar el paso de productos piratas.
El director de Aduanas, Javier Contreras, explicó que como primera medida se creará un registro de marcas en la propia aduana.
Para el efecto, los representantes de las marcas deberán inscribir sus productos, en forma gratuita, en el registro respectivo. Explicó que ante cualquier sospecha de que algún contenedor ingresado a la zona primaria contenga productos piratas, los mismos funcionarios aduaneros estarán obligados a alertar a los representantes de las marcas afectadas de la situación.
En este sentido, colaborarán con Aduanas otras instituciones del Estado.
APERTURA. Félix Cruz, de la UTE, explicó que por primera vez Aduanas abre sus puertas y transparenta la gestión para que funcionarios del MIC puedan operar en frontera colaborando con Aduanas para el control de los productos importados, de manera a determinar si los mismos son legales o falsificados.
Indicó que lo más rescatable de la reunión de ayer es que se van a aplicar medidas de protección en frontera. Esto quiere decir que en los puestos aduaneros en frontera, antes de que ingresen a nuestro mercado interno se va a filtrar el ingreso de productos piratas.
Cruz explicó que a veces ocurre que no todas las denuncias por piratería, son piratería. “Parece que se está utilizando el tema de la piratería como una excusa para retener contenedores y en realidad estamos en medio de una guerra comercial de intereses como la que ocurre en Ciudad del Este, algunos comerciantes contra otros comerciantes. Entonces, se crea una guerra mediática, este es el problema de fondo, porque los teléfonos si no tienen marca no violan la ley de marcas, si los software pueden funcionar independientemente, entonces es el derecho del autor. Hay muchos detalles técnicos que uno debe analizar para posteriormente clasificar”, subrayó Cruz, al tiempo de asegurar que con este mecanismo se logrará un mejor sistema de lucha contra la piratería.
REITERÓ SU APOYO
El fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, reiteró ayer su respaldo a la gestión de los agentes fiscales de Ciudad del Este.
Como ya lo adelantó ÚH en su edición de ayer, Candia Amarilla respaldó el trabajo que realizan los agentes en la zona del Alto Paraná.
Indicó que, hasta que no se demuestre lo contrario, sus agentes seguirán gozando de su confianza, como el caso del fiscal adjunto del Alto Paraná Éver Ovelar.
No quiso opinar sobre la consulta periodística de si el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se apresuró en suspender al fiscal Humberto Rossetti. “El tiempo dirá si fue o no una medida acertada”, acotó. Coincidió al afirmar que se comentan cosas sobre el caso Ciudad del Este, como que existe un enfrentamiento de grupos poderosos.
Varios responsables del Ejecutivo aseguran que lo que sucede en Ciudad del Este con las importaciones de celulares es una guerra comercial.