Los intereses políticos y económicos han provocado que se mantenga estancado.
México cuenta con niveles récord en la producción y exportación de vehículos.
Para mayo, la producción de autos se elevó 19.4%, ya que se fabricaron 213,329 unidades y las exportaciones subieron 21.3% y se vendieron 176,951 autos. Ambos crecimientos son históricos. Es la cara exitosa de la industria.
Un mercado descuidado
El rostro del fracaso está en el mercado interno, con un crecimiento inercial de 11.4% y ventas de 68,634 autos. Eso no quiere decir que este mercado no tenga potencialidad.
México podría vender 17 vehículos nuevos por cada 1,000 habitantes, lo que daría 1 millón de autos más a los que hoy vende.
Generaría 400,000 empleos en el país. En los últimos cinco años han entrado al país alrededor de 6 millones de vehículos y si se considera que el parque vehicular es de entre 21-22 millones de autos, significa que una tercera parte del total es de importación, sin contar los autos chocolate. Ése es el diagnóstico. Ésa es la triste historia de un mercado descuidado.
En días pasados, la Suprema Corte emitió una resolución positiva para el mercado interno de autos.
Resolvió que el Jefe del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Economía, sí tiene facultades para reglamentar la importación de autos. Ello implica que el próximo 30 de junio pierde vigencia el amparo que permitía la importación de vehículos de procedencia extranjera e inician operativos para decomisar autos irregulares. ¡Vaya! Falta ver si se cumple. Las cifras que revelan una cadena de malas decisiones y acciones contrarias al positivo desarrollo del mercado interno son contundentes.
En el 2006, a raíz de la regularización del decreto del expresidente Vicente Fox -aquél al que le llamaron chocodecreto- se importaron 1.7 millones de automóviles, cuando se producían en México 1.13 millones de automóviles.
En el 2007 se importaron 1.5 millones de vehículos; en el 2008 se importaron 1.1 millones de automóviles y en el 2009 256,000 automóviles; en el 2010, con los amparos, fueron 426,000 autos, casi la mitad de la producción nacional. ¿Qué ha pasado? Hay que recordar que a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio se pueden importar vehículos de Estados Unidos.
El 24 de diciembre del 2008, la Secretaría de Economía emitió un decreto en el que dispuso las reglas para la importación de autos usados. En el 2009 estaba previsto que a partir de esa fecha se permitiría la importación de autos de 10 años o más de antigüedad. Y de ahí al 2011, automóviles de ocho años; en el 2013 de seis años y en el 2019, se podrán importar autos usados del mismo año. En sus reglas, Economía dispuso que para la importación de autos usados éstos deben contar con un certificado de origen que tiene que emitir el fabricante que demuestre que, por lo menos, 62.5% del contenido nacional del automóvil sea de estos países. Contando con tal certificado para la importación del vehículo, se tiene que pagar únicamente el Impuesto al Valor Agregado.
Si no cuenta con el certificado, tiene que pagar un impuesto al valor estimado en función de los precios de la Secretaría de Economía. La dependencia dispuso un impuesto de 1% para los automóviles de cinco a nueve años de antigüedad, siempre y cuando estos autos circulen en la frontera, y de 10% del valor si se pretende circular en el territorio nacional. Si es de más de 10 años, el impuesto se eleva a 50% del valor.
Fue entonces cuando, en el 2008, la Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional en donde argumentaba que el Ejecutivo federal no tenía las facultades para emitir esa regla.
Posteriormente, la Corte admitiría la controversia para su estudio. El procedimiento en la Corte fue que la recibiera uno de los ministros para su estudio y luego la presentara ante el pleno para votarla.
Originalmente la recibió el entonces Ministro Genaro Góngora Pimentel y a su retiro lo tomó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Se entregó el estudio en el 2010 sobre la controversia presentada en la época en la que el Presidente de la Cámara de Diputados era el actual gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, pero por falta de elementos se desechó. Se analizó desde el punto de vista jurídico y constitucional el Artículo 131 de la propia Constitución para determinar si el Ejecutivo federal tenía o no facultades para determinar si se importaban o se exportaban y si podía o no fijar impuestos o aranceles a las mercancías que entran al país.
CUENTOS VERAS
La Corte determinó que el Ejecutivo sí tiene facultades para determinar las reglas de importación y exportación de vehículos y sobre el amparo de la Cámara de Diputados.
El sector automotor genera 1 millón de empleos y entre 4 y 5% del Producto Interno Bruto. “La industria automotriz debiera ser prioritaria en la agenda económica”, asegura el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Prieto.
