Así lo señala el subjefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de Marina, vicealmirante Luis Gerardo Alcalá Ferráez.
Antes de encabezar la llamada “Operación Lázaro Cárdenas”, para tomar el control del segundo puerto mercante más importante de México, la autoridad federal hizo un diagnóstico en el que concluyó que este recinto era el más crítico del País, por la influencia del crimen organizado.
Ese puerto, que en un radio de 300 kilómetros tiene a 50% del mercado consumidor nacional, también era un sitio en el que las autoridades estaban amenazadas e imperaba la extorsión y la infiltración delictiva, en especial de Los Caballeros Templarios.
Incluso, indica Alcalá, había empresas con giros “legales”, como el transporte, que tocaban la puerta a importadores y exportadores para obligarlos a contratar sus servicios; los contratistas ni siquiera tenían en regla sus vehículos y los clientes tampoco denunciaban.
“Yo creo que en este momento sí (era el puerto más crítico).
“Se llegó a la conclusión de que Lázaro Cárdenas es un puerto que si bien estaba funcionando, una parte importante de su actividad estaba siendo controlada de alguna manera por la delincuencia organizada, a través de esquemas de cooptación de funcionarios, amenaza o de establecimiento de una empresa aparentemente legal que no cubre todas las formas”, expuso.
La intervención de las autoridades federales ocurrió simultáneamente a una “limpia” en distintos niveles.
Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reemplazó a la Policía Municipal y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) relevó a su Administrador General de Aduanas, cuatro subadministradores y más de 150 oficiales de comercio exterior.
Adicionalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cambió al titular de la Administración Portuaria Integral (API), la Policía Federal reforzó el cordón periférico de acceso al puerto michoacano y la Armada de México ingresó con 250 infantes al recinto para vigilarlo durante el día y la noche las 24 horas.
Cinco accesos al recinto y nueve áreas fiscalizables sensibles están sujetas a vigilancia de la Armada, al mismo tiempo que en el interior de la Aduana los marinos llevan a cabo patrullajes y junto con el SAT practican las revisiones con rayos gamma.
“Se enviaron embarcaciones especiales, tres unidades tipo Defender, dedicadas exclusivamente a la patrulla marítima del puerto; así podemos evitar y garantizar de que nada se va a descargar de un barco en el río y de allí ser transportado sin haber pasado por los controles.
“Eso de alguna manera es responsabilidad de la Capitanía de Puerto, pero por problemas administrativos y la falta de personal y de equipo no se estaba haciendo de la manera adecuada”, puntualizó el Vicealmirante.
