La nueva reforma laboral, cuya iniciativa acaba de ser aprobada en la Cámara de los Diputados, ha dividido a México entre quienes temen despidos masivos y una mayor precarización del empleo, y los que creen que con los cambios se abre la posibilidad de tener una economía emergente más competitiva.
La reforma, uno de los cambios estructurales pedidos por el empresariado y que llevaba 42 años entrampado en México, está ahora en manos del Senado, que la discutirá en un máximo de 30 días y podría modificarla.
La normativa pasó el primer escollo legislativo en el Congreso después de que el presidente de México, Felipe Calderón, pidiera su aprobación como “iniciativa preferente”, un procedimiento expedito que obliga a la Cámara a discutirla en un plazo de 30 días.
En el ámbito legislativo recibió el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente electo Enrique Peña Nieto, y del conservador Acción Nacional (PAN), de Calderón, así como del Verde Ecologista (PVEM) y de Nueva Alianza (Panal), formaciones minoritarias.
La izquierda alega que quedó marginada en las discusiones y el apoyo en las calles de miles de sindicalistas y sectores opuestos a las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo fue insuficiente.
En una rueda de prensa, la ministra Rosalinda Vélez, titular de Trabajo, dijo que, de concretarse finalmente, la reforma será “un verdadero parteaguas” que beneficiará “ampliamente” tanto a los empresarios como a los trabajadores.
“Confío en que el Senado de la República (…) dará continuidad a este proceso legislativo y, al analizar y discutir la minuta que reciba de la Cámara de los Diputados”, valorará la enorme trascendencia, méritos y beneficios” de la nueva normativa, apuntó.
En el fin de semana, el presidente Calderón reconoció a los diputados de su país “por la aprobación de la Reforma Laboral que aumentará el empleo de jóvenes y mujeres”.
Por su parte, el que será su sucesor, Peña Nieto, celebró del mismo modo la aprobación de la reforma laboral, “que contribuirá a la generación de empleos y crecimiento económico”.
“Mi felicitación y reconocimiento a todos los legisladores comprometidos con el desarrollo y progreso de México”, señaló el futuro mandatario de México, que asumirá el cargo el 1 de diciembre próximo.
En el polo contrario está Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien anunció contactos a partir de la próxima semana con otros partidos de izquierda y sectores sociales varios en busca de una postura común contra la minuta que analizará el Senado.
“Vamos a buscar reunirnos con los dirigentes de las principales organizaciones sociales, especialmente las del mundo del trabajo, para que hagamos un planteamiento común ante el país y ante el Senado de la República, a fin de evitar que esta Reforma pueda pasar. Esta es nuestra postura, nuestra convicción y punto de vista”, señaló.
El PRD sostiene que el PRI y el PAN “quieren que siga la corrupción en los grandes sindicatos que manejan recursos multimillonarios como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que no están obligados a rendir cuentas a la población.
Zambrano, cuyo partido pidió una mayor transparencia en los sindicatos mexicanos pero vio cómo la propuesta era rechazada, considera que es momento “para que se exprese públicamente el rechazo a tal regresión” que significarían los cambios legales propuestos y no descartó convocar a movilizaciones nacionales contra la reforma.
La izquierda teme que los cambios, que flexibilizan la contratación, aprueban el trabajo por horas y regulan el “outsourcing” aunque exigiendo a las empresas no contratar a otras para ofrecerles servicios primarios, se acreciente la “desigualdad social”.
“¡No es verdad que se vayan a beneficiar los trabajadores, los asalariados de distinto tipo! Se va a dejar a los grandes consorcios especialmente, a discrecionalidad, manejar los despidos, todas las relaciones de trabajo. Eso es lo que va a pasar”, concluyó Zambrano.
En consonancia, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), uno de los mayores sindicatos del país, anunció que lo aprobado por los diputados amenaza la paz social del país por lo que preparará una estrategia de movilizaciones para tratar de que los cambios no perjudiquen a los trabajadores.
