Medina Mora comentó que la nueva “visión” debe incorporar sectores que no tenían el mismo peso hace 20 años -cuando se firmó y entró en vigor el TLCAN-, y mencionó tres temas: la nueva realidad energética regional, tecnología de la información y la formación de capital humano.
“De lo que ahora se trata es de construir esta visión de gobiernos para que, a través de políticas públicas enfocadas a bajar los costos de transacción y a aumentar la competitividad de la región, podamos aprovechar mucho más el potencial que tenemos”, subrayó el funcionario en esa entrevista.
Los 20 años del TLCAN han traído distintas reflexiones y balances sobre los resultados de este acuerdo que modificó de raíz la economía mexicana. El embajador mexicano no habló de los saldos negativos que ha tenido el tratado de libre comercio para sectores como el agropecuario, el transporte, la industria o los pequeños y medianos comercios. Ni siquiera mencionó los efectos de los enormes desequilibrios entre las tres economías y menos el tema de los derechos laborales de los migrantes mexicanos.
Medina Mora más bien respondió a la clara intención de reabrir o “ampliar” el TLCAN en el punto más delicado de la negociación, donde México mantuvo, hace 20 años, sus reservas constitucionales: el tema de los energéticos.
Durante la negociación realizada por el gobierno salinista, los negociadores mexicanos prácticamente cedieron en todo, pero al final mantuvieron los cinco “no” planteados en Seattle en 1991: no a la obligación de garantizar cuotas de petróleo, no a la inversión privada en áreas reservadas al Estado mexicano, no al libre mercado en los sectores reservados al Estado, no a contratos de riesgo en el sector energético y no a gasolineras extranjeras.
Es claro que la reforma constitucional en materia energética, aprobadas sin discusión ni deliberación públicas por la mayoría de los legisladores del PRI y del PAN en diciembre de 2013, abrieron las compuertas para que estos cinco “no” o reservas energéticas se modifiquen y México pierda su soberanía en este tema fundamental para el futuro del país.
Ahora, el Congreso deberá discutir el paquete de más de 20 legislaciones secundarias que derivan de esta reforma constitucional. El PRD ha planteado que tratará de revertir lo que consideramos una contrarreforma antinacional a través de la consulta popular y de frenar más cesiones en materia energética.
Lo más peligroso es que el gobierno de Enrique Peña Nieto responda a la tentación de las presiones norteamericanas para reabrir el TLCAN en materia energética, a través del poco conocido y oscuro capítulo 11 de este tratado.
La abogada Lori Wallach, experta en comercio internacional y entrevistada por La Jornada, afirmó que el capítulo 11 puede obligar al gobierno mexicano a anular normas, regulaciones y condiciones de contratos si consideran que de alguna manera afectan las expectativas de ganancias por su inversión.
Las disputas que se abran a nivel de inversiones en gas, petróleo o derivados ya no estarán sujetas a ningún tribunal nacional mexicano. La reforma constitucional abrió las compuertas para que se resuelvan a través de un tribunal internacional, sin ninguna obligación de hacerlo a la luz pública.
En la discusión sobre las leyes secundarias, el PRD va a frenar cualquier intento de ceder más soberanía.
