Las modificaciones, que ya fueron aprobadas por los diputados y requieren ahora la aprobación de los senadores buscan abrir el sector para que el paso de las vías sea libre, mejoren las condiciones de operación, se dé un mejor mantenimiento, o de lo contrario, poder revocar las concesiones necesarias.
La historia
Con la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México en 1995, Kansas City Southern México (KCS), Ferrosur y Ferrocarril Coahuila Durango y Ferrovalle, asumieron el desarrollo de infraestructura del sector como terraplanes, durmientes, vías, y puentes.
De entonces a la fecha, estas empresas han invertido, en conjunto, siete mil 500 millones de dólares en el país.
Según la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) este sector genera más de 18 mil empleos. A través de los ferrocarriles se mueve 28 por ciento del total de la carga que circula en el país.
Datos de la asociación documentan que las empresas del sector pagan anualmente más de 700 millones de dólares en impuestos.
Cambios después de 19 años
En enero de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a 11 artículos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la cual está vigente desde diciembre de 1995.
La minuta fue turnada al Senado de la República para su análisis, discusión y posible aprobación.
Las modificaciones permitirían a empresas distintas a KSC, Ferromex, Ferrosur, Ferrocarriles Coahuila – Durango y Ferrocarriles de Chihuahua usar las vías que han desarrollado. Además de permitir la entrada de nuevos competidores.
Estas modificaciones causaron inconformidad entre estas empresas que desde 1996 han invertido en el sector.
Los argumentos a favor de las modificaciones
Los diputados Abel Guerra y Fernando Maldonado del PRI presentaron las modificaciones a la ley con el argumento de que no se han desarrollado líneas adicionales y que las tarifas han aumentado 400 por ciento.
Para diputados del PRI, PAN y PRD la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario no solo restablece el control del Estado sobre el sector, sino que además combate las prácticas monopólicas de los concesionarios.
Con la minuta aprobada buscan:
– Garantizar la interconexión de las vías férreas y asegurar condiciones de competencia en el servicio, así como poner fin a la exclusividad territorial de los concesionarios y establecer bases de regulación tarifaria del transporte de carga.
– Poder revocar las concesiones por incurrir en prácticas anticompetitivas, como las de impedir y limitar el uso de servicios de interconexión y de terminal o evitar que las vías funcionen como rutas continuas de comunicación.
– Poder revocar las concesiones por la omisión en el mantenimiento de las vías férreas conforme a los estándares y normas oficiales mexicanas, así como el cobro reiterado de tarifas no registradas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
“En este momento las empresas (ferrocarrileras) tienen territorialidad, es decir, nadie puede pasar por su territorio (…); es como si dijéramos que en el Distrito Federal no se vende Coca, sino nada más Pepsi, pues en los territorios solamente puede operar una sola empresa, ninguna otra, y si alguien tiene que transportar una carga de Oaxaca a Chihuahua, pues debe contratar con las dos empresas: un tramo con una y el tramo con la otra”, afirmó el legislador priista Abel Guerra, autor de la iniciativa de reforma.
Para el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, de acuerdo con un análisis distribuido entre sus diputados, “los concesionarios no han cumplido con lo estipulado en los títulos de concesión en materia de desarrollo e inversión, (pues) desde que se desincorporó del Estado el servicio ferroviario sólo se ha incrementado en 40 kilómetros la red, además de que la tarifa de carga se ha incrementado entre cuatro y ocho veces en los últimos doce años”.
El documento señala que 80 por ciento de los 23 mil 804 kilómetros del sistema ferroviario en funcionamiento es operado por dos concesionarios: Kansas City Southern y Ferromex, las cuales gozan de exclusividad en el manejo de las vías como monopolios regionales.
Replica de las empresas
A estos argumentos las empresas, a través de la AMF, explicaron que Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la única que puede desarrollar nuevas rutas y en consecuencia tiene los derechos exclusivos de comprar derechos de vía.
Las actuales compañías solo pueden modernizar, construir laderos ferroviarios, y desarrollar sus redes concesionadas.
Según la AMF, los ferrocarriles son eficientes a nivel técnico-financiero para el transporte a partir de los 400 kilómetros, antes de esa densidad el mercado de carga corresponde al autotransporte.
La AMF no negó que exista monopolio en este mercado, de hecho explicó que “los ferrocarriles son monopólicos sobre sus vías, así ocurre en los Estados Unidos, donde sus 81 ferrocarriles tienen exclusividad en sus vías y sólo se interconectan para llegar a un destino.
Qué pasa si el Congreso aprueba las modificaciones
De hacerse realidad esa reforma se abriría el control estatal con leyes que se aplicarían retroactivamente a las concesiones porque permiten su revocación, el tránsito de terceros en vías que fueron otorgadas bajo derechos de exclusividad y agregaría fuertes elementos de inseguridad jurídica no solo para los actuales concesionarios, sino para quienes quieran invertir en este sector, más aún en trenes de pasaje.
En qué va el proceso legislativo
Una vez que la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se aprobó en la Cámara de Diputados fue enviada al Senado de la República donde se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes que preside el panista Javier Lozano.
Dentro del análisis, discusión y eventual aprobación de las modificaciones esta comisión realizará un foro este miércoles 5 y jueves 6 de marzo, al que convocó a los actuales concesionarios, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Competencia Económica y a los usuarios. la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para escuchar diversas opiniones al respecto de la nueva legislación.
Después del foro la comisión seguirá con sus trabajos para aprobarla y enviarla al pleno del Senado. Si se aprueba en los mismos términos que en San Lázaro se enviaría al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
