Lo pactado en París, es un acuerdo político (no contempla sanciones para el que no cumpla) que tiene por delante un muy largo camino por recorrer, ya que por principio de cuentas entrará en vigor hasta 2020. ¿Quién nos puede asegurar que para entonces las naciones tendrán la voluntad política para impulsar y fortalecer lo hoy acordado? Entre los pendientes, no quedó claro cuáles serán los mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de las Contribuciones Nacionales Determinadas de los países (INDC) y así cumplir con la meta de que el aumento de la temperatura media global del planeta no supere los 2°C.
En este mismo sentido, queda pendiente el tema de monitoreo, reporte y verificación (MRV). Aunque se señala en el acuerdo que se tiene que monitorear el cumplimiento de las INDC cada 5 años, así como el que se profundicen dichos compromisos, resulta fundamental que la contabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero se realice a través de una metodología común que haga medible y comparable todas las emisiones que se producen en un territorio con las del resto del mundo. ¿El fondo verde ya propuesto contará con los fondos necesarios y suficientes para transitar de las energías fósiles a renovables?
Entre las cuestiones más rescatables derivadas de la COP 21 están los compromisos de inversionistas de todo el mundo, incluido Bill Gates y empresas como Facebook y HP, así como una docena de gobiernos, de destinar varios millones de dólares a la producción de energía limpia, específicamente solar y eólica. En lo que se refiere a recursos financieros, los líderes de seis países (Francia, Alemania, Chile, México, Etiopía y Canadá) y el Banco Mundial pidieron a todas las economías del mundo poner un precio a las emisiones de dióxido de carbono para combatir el calentamiento planetario.
Asimismo, un grupo de 40 países -entre ellos Alemania, Chile, Estados Unidos, Francia, México, Perú y Uruguay- solicitó que se reduzcan los 500 mil millones de dólares que los gobiernos destinan anualmente como subsidios a los combustibles fósiles, un subsidio perverso que no nos permite transitar energéticamente como México ya lo debería estar haciendo.
Si bien nuestro país fue el primero en enviar su lista de INDC -que se refiere a las acciones concretas que cada país se compromete a llevar a cabo a fin de reducir sus emisiones de gases efecto invernadero-, e incluyó diversas actividades en materia de generación de energía y transporte, debemos evitar que estos objetivos sean ambiguos. Nuestro país debe contar con una hoja de ruta y una planeación muy específica sobre qué forma, en qué plazos y con qué recursos presupuestales se piensa cumplir con estos compromisos internacionales.
Un puente natural para lograr lo anterior es la Ley de Transición Energética, aprobada ya por el Congreso, y que pudiera considerarse el principal instrumento que permitirá a México cumplir con sus compromisos de generar 35% de la energía a partir de fuentes renovables para 2024. Esta ley es clave para impulsar en México las inversiones con energía eólica y solar, que permitan al país dejar atrás la dependencia del petróleo y convertirse en una economía baja en carbono.
Al final del día, lo que está en juego es la vida, la salud, la calidad de vida de las personas así como el entorno natural que nos rodea y del cual dependemos todos. No podemos olvidar la alta vulnerabilidad que tiene nuestro país ante los desastres naturales cada vez más presentes y con mayor fuerza, como ha sido el caso en los últimos años ante la presencia de inundaciones e huracanes inusuales. Hay una responsabilidad compartida, no todo le toca al gobierno, y cada quien debe asumir lo que le corresponde. ¿Estamos dispuestos a hacerlo?
